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Regula la concesión directa de subvenciones a entidades para reforzar la protección y asistencia a mujeres y niñas víctimas de violencia en Ceuta. Las actuaciones se centran en prevención, detección temprana, acompañamiento especializado y acogida de emergencia ante violencia de género, sexual, explotación sexual y trata.

Establece los procedimientos básicos para acreditar que una persona es víctima de violencias sexuales. La acreditación sirve para acceder a los derechos y recursos previstos en la ley. Se aprueba en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en la Administración General del Estado y sus organismos públicos. El protocolo se aplicará en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del real decreto.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Establece medidas para garantizar la protección integral frente a las violencias sexuales. Incluye prevención y detección en ámbitos educativo, sanitario, laboral y digital, formación de profesionales, asistencia integral a las víctimas y actuación policial y judicial.

Modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para reforzar el sistema español de investigación. Cambia contratos laborales del personal investigador, crea la Agencia Espacial Española y regula planes de igualdad y financiación en I+D+I.

La ley regula los derechos de las personas LGTBI en Castilla-La Mancha y prohíbe la discriminación por pertenencia a este colectivo. Establece medidas en sanidad, educación, empleo, familia, cultura, deporte, migraciones y medio rural, y crea órganos como el Consejo LGTBI y un servicio de atención integral. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica el Código Penal para incluir la aporofobia y la exclusión social como motivos de discriminación en los delitos de odio. También actualiza los artículos 22 y 510 sobre penas por fomentar, difundir o lesionar la dignidad de grupos discriminados.

La ley regula el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en España. Prohíbe la discriminación por motivos como nacimiento, raza, sexo, religión, edad o discapacidad en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda o los servicios. Crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y fija infracciones y sanciones.

Modifica por segunda vez la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Actualiza artículos sobre participación, subvenciones, contratación pública, empleo, cuidados, violencia machista y atención sanitaria, social, policial y judicial. También cambia otras leyes vascas relacionadas.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2021. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, y modificaciones en normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, agricultura, educación y sector público.

Establece las bases para conceder subvenciones, en concurrencia competitiva, a entidades que colaboren en ejecutar y seguir las medidas alternativas a la prisión y ciertos programas de atención social. Regula quién puede pedirlas, cómo se solicitan, valoran y justifican, y cómo se controlan y reintegran.

Modifica varias leyes de Cantabria para adaptar tasas y precios públicos, tributos cedidos y normas administrativas. Incluye cambios en materia de aguas, pesca, transporte, función pública, patrimonio cultural, farmacia, deporte, igualdad y urbanismo.