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Establece medidas urgentes para agilizar la valoración y el reconocimiento de la dependencia en Cataluña. Crea la tramitación prioritaria y abreviada, el abono de un importe mínimo desde el reconocimiento del grado y refuerza los equipos de valoración.

Modifica dos reales decretos de subvenciones para Memoria Democrática. Cambia la referencia al presupuesto de 2024 por el de 2025, para poder tramitar las transferencias de crédito y pagar las subvenciones en ese año.

Modifica la Orden EHA/2043/2010 para regular cómo las entidades del sector público empresarial y fundacional del Estado envían sus cuentas anuales a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Incluye a las entidades no auditadas por la IGAE, a las filiales en el extranjero y a las sociedades y fondos de capital riesgo. También hace opcional el informe del artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria en la formulación.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 9/2022, que adopta medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior para aplicar las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania.

Establece reglas especiales para anotar en el Registro de la Propiedad bienes de personas sancionadas por la Unión Europea que figuran a nombre de testaferros. También fija un procedimiento excepcional para gestionar fondos disponibles en los servicios del exterior.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022: fija los gastos e ingresos de la administración autonómica y de sus entes públicos, y regula cómo se modifican los créditos, el personal, la deuda y las normas tributarias propias.

Aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 2022, que incluyen los presupuestos del Parlamento, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo, la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, el Consejo de Navarra, fundaciones y sociedades públicas. Fija los créditos y los ingresos previstos, y regula las modificaciones de crédito, los gastos de personal, las operaciones financieras y la gestión presupuestaria.

La ley aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2022. Regula los ingresos y gastos previstos, las modificaciones de créditos, los gastos de personal, las operaciones de endeudamiento y las normas de ejecución del gasto.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Establece que el 85% de la recaudación de las sanciones por incumplir la normativa del primer estado de alarma por la COVID-19, denunciadas por ayuntamientos de Cataluña, se transfiera a esos ayuntamientos. También modifica varias normas sobre presupuestos, tributos, financiación y servicios sociales.

Modifica la resolución que regula las cuentas anuales de los fondos sin personalidad jurídica para adaptarla a la nueva redacción del artículo 136.3 de la Ley General Presupuestaria. Desde ahora, la Intervención General publica en el BOE el 31 de julio una referencia al Registro de cuentas anuales del sector público, en lugar de los resúmenes de las cuentas. Deroga tres resoluciones anteriores que fijaban el contenido mínimo de esa información.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Establece cómo los órganos de intervención de las entidades locales deben enviar al Tribunal de Cuentas, por vía telemática, información sobre el control interno que realizan. Sustituye la instrucción anterior de 2015 y adapta el envío al Real Decreto 424/2017.