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Establece medidas para reducir el empleo temporal en el sector público de las Illes Balears. Regula procesos de estabilización para convertir plazas temporales en fijas, mediante concurso-oposición y un proceso excepcional para plazas de larga duración. También fija criterios de selección, baremos de méritos y bolsas de personal interino.

Modifica la Ley de turismo de las Illes Balears para introducir principios y objetivos de circularidad en el sector. Crea la estrategia y el plan de circularidad para los alojamientos turísticos y regula su implantación. También suspende la adquisición de plazas turísticas en Mallorca, Ibiza y Formentera y limita actividades turísticas en Menorca.

Modifica normas del transporte de mercancías por carretera para mejorar la sostenibilidad del sector y el funcionamiento de la cadena logística. También regula el desplazamiento de conductores en el transporte internacional y permite revisar de forma excepcional los precios de contratos públicos de obras.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Establece un régimen especial para conceder subvenciones y ayudas en materia de vivienda en las Illes Balears, con bases reguladoras y reglas de gestión propias. También modifica varias normas de vivienda, como la Ley 5/2018, para agilizar trámites y regular el derecho de retracto en transmisiones entre grandes tenedores.

Prorroga varias medidas económicas aprobadas durante la pandemia para apoyar a empresas y autónomos. Extiende el plazo de ayudas a la liquidez y la solvencia, excluye las pérdidas de 2020 y 2021 como causa de disolución y amplía la moratoria para declarar concurso. También fija reglas sobre inversiones extranjeras y medidas en el suministro de gas.

Modifica el Real Decreto-ley 17/2020, que aprobó medidas de apoyo al sector cultural y tributarias frente al COVID-19. Cambia la exposición de motivos y añade una disposición adicional sobre la compra de bienes muebles del Patrimonio Histórico por el sector público.

Modifica el régimen sancionador creado para castigar los incumplimientos de las normas dictadas frente a la COVID-19 en las Illes Balears. También cambia el artículo 19 y añade un artículo 54 bis a la Ley de presupuestos de la comunidad autónoma.

Establece reglas especiales para conceder y tramitar ayudas públicas en materia de vivienda en las Illes Balears, con bases reguladoras y convocatorias propias. También modifica la Ley 5/2018 de vivienda y otras normas sobre viviendas desocupadas y fianzas de alquiler.

Modifica varias normas tributarias para incorporar al derecho español una directiva europea contra la elusión fiscal y para reforzar el control y la lucha contra el fraude fiscal. También regula aspectos del juego y del tabaco.

Establece el régimen de infracciones y sanciones por incumplir las medidas de prevención frente a la Covid-19 en los servicios sociales de la Comunitat Valenciana. Regula la inspección, las actas, los tipos de infracciones (leves, graves y muy graves), las sanciones y el procedimiento para imponerlas.

Establece medidas sanitarias, sociales y judiciales que se aplican cuando termina el estado de alarma por la COVID-19 el 9 de mayo de 2021. Incluye control sanitario de viajeros internacionales, protección de consumidores vulnerables de agua y energía, apoyo a víctimas de violencia de género y medidas sobre cooperativas y profesionales sanitarios jubilados.

El Decreto-ley aprueba medidas urgentes para 2021 en Baleares: suprime el ingreso a cuenta del impuesto sobre estancias turísticas, permite renunciar al régimen de estimación objetiva y reduce el tipo del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para ciertas operaciones de financiación. También modifica normas sobre renta social garantizada, servicios sociales, cambio climático, farmacia y espacios naturales.

Declara servicio esencial la asistencia y protección a las víctimas de violencia de género durante el estado de alarma por COVID-19. Garantiza el funcionamiento de los servicios de información, acogida y seguimiento telemático, y regula el uso de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Crea una línea de ayudas directas para autónomos y empresas afectadas por la COVID-19, una línea para reestructurar deuda financiera con aval público y un fondo de recapitalización de empresas. También amplía plazos de préstamos avalados y modifica varias normas.

Fija las fechas en que empiezan a funcionar nueve juzgados creados por el Real Decreto 1050/2020 dentro del plan de unidades judiciales COVID-19. Tres juzgados de lo Social lo harán el 31 de marzo de 2021 y otros seis juzgados el 30 de junio de 2021.