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Aprueba un plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio con medidas energéticas, económicas, tributarias, agrarias, pesqueras, de transporte y sociales. Incluye descuentos para consumidores eléctricos vulnerables, ayudas al bono social térmico y medidas para impulsar la electrificación y las renovables.

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Establece medidas urgentes para paliar los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye ayudas para renovar vehículos dañados, financiación para pymes y empresas turísticas, apoyo al comercio internacional y medidas procesales, energéticas, educativas, culturales y deportivas.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores para reducir la temporalidad y reforzar la estabilidad en el empleo. Regula los contratos de duración determinada, los contratos formativos y el Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo. También adapta la normativa de empresas de trabajo temporal y de empleo.

Prorroga varias medidas económicas aprobadas durante la pandemia para apoyar a empresas y autónomos. Extiende el plazo de ayudas a la liquidez y la solvencia, excluye las pérdidas de 2020 y 2021 como causa de disolución y amplía la moratoria para declarar concurso. También fija reglas sobre inversiones extranjeras y medidas en el suministro de gas.

Prorroga hasta el 31 de octubre de 2021 varias medidas de protección social y económica que estaban vigentes por normas anteriores frente a situaciones de vulnerabilidad. Incluye medidas sobre vivienda y sobre violencia de género, y modifica otras normas para ajustar su vigencia.

Crea una línea de ayudas directas para autónomos y empresas afectadas por la COVID-19, una línea para reestructurar deuda financiera con aval público y un fondo de recapitalización de empresas. También amplía plazos de préstamos avalados y modifica varias normas.

Amplía hasta el 30 de junio de 2021 el plazo para conceder avales públicos a autónomos y empresas, extiende los vencimientos y carencias de financiación avalada y permite avalar pagarés del MARF. También incluye medidas sobre gasoductos, subastas de derechos de emisión y tipos de IVA reducidos en bienes sanitarios.

Prórroga y regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la COVID-19, con medidas extraordinarias de protección por desempleo y apoyo a los trabajadores autónomos. Incluye también medidas sobre bono social y aranceles notariales y registrales.

Establece medidas para apoyar la reactivación económica y el empleo tras la crisis del COVID-19. Incluye líneas de avales y un fondo de solvencia para empresas, moratorias de préstamos hipotecarios para inmuebles turísticos, planes de sostenibilidad turística y subvenciones para proyectos.

Establece medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo durante la crisis del COVID-19. Incluye aplazamientos de alquiler para pymes y autónomos, medidas fiscales, financiación empresarial y protección de ciudadanos. También regula el desempleo y el acceso excepcional a planes de pensiones.

Establece medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19. Incluye la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, prórrogas y moratorias en el alquiler y la hipoteca, ayudas al alquiler y un subsidio extraordinario para empleados de hogar y por fin de contrato temporal.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.