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Establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, cambios en el alquiler, medidas fiscales y la creación de un fondo y una cuenta de ahorro para financiar vivienda.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Región de Murcia contra el Real Decreto 1312/2024, que regula el Registro Único de Arrendamientos y crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Anula varios artículos y apartados del decreto relativos al procedimiento de registro único de arrendamientos y desestima el resto del recurso.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de dos asociaciones de apartamentos turísticos contra el Real Decreto 1312/2024, que regula el Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Anula varios artículos del real decreto y, en otros, solo las menciones al Registro Único y al número de registro.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto 1312/2024, que regula el Registro Único de Arrendamientos y crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Anula los artículos sobre el procedimiento de registro único y la obligación de inscribirse en el Registro de la Propiedad o de Bienes Muebles para obtener un número de registro y poder ofrecer alquileres de corta duración en plataformas en línea. El resto del real decreto se mantiene.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos del Decreto-ley catalán 3/2023, que somete el uso turístico de viviendas a licencia previa y a la previsión en el planeamiento urbanístico en determinados municipios. La sentencia examina si concurre el presupuesto de urgencia y si se respetan los límites materiales de los decretos-leyes.

Modifica el Plan especial de actuación en situación de alerta y eventual sequía en Cataluña y su régimen sancionador para hacer frente a la sequía. Incluye medidas sobre sanciones a entes locales y limitaciones de consumo en alojamientos turísticos.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra la Ley gallega 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral. Declara nulos algunos preceptos sobre caladeros y vertido de aguas residuales, y da una interpretación conforme a la Constitución a otro sobre ocupación del dominio público por la cadena mar-industria.

El Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios preceptos de la Ley gallega de ordenación y gestión integrada del litoral, recurrida por el presidente del Gobierno. La suspensión se aplica a los preceptos impugnados mientras se resuelve el recurso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones del Decreto-ley de Cataluña 3/2023, que regula el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Modifica la Ley de turismo de las Illes Balears para introducir principios y objetivos de circularidad en el sector. Crea la estrategia y el plan de circularidad para los alojamientos turísticos y regula su implantación. También suspende la adquisición de plazas turísticas en Mallorca, Ibiza y Formentera y limita actividades turísticas en Menorca.

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Establece un régimen especial para conceder subvenciones y ayudas en materia de vivienda en las Illes Balears, con bases reguladoras y reglas de gestión propias. También modifica varias normas de vivienda, como la Ley 5/2018, para agilizar trámites y regular el derecho de retracto en transmisiones entre grandes tenedores.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra el artículo 5 de la Ley catalana 5/2020, que amplía el impuesto sobre estancias turísticas a los cruceros y permite al Ayuntamiento de Barcelona establecer un recargo. La sentencia analiza si esa regulación respeta las competencias tributarias de la comunidad autónoma.

Establece que el 85% de la recaudación de las sanciones por incumplir la normativa del primer estado de alarma por la COVID-19, denunciadas por ayuntamientos de Cataluña, se transfiera a esos ayuntamientos. También modifica varias normas sobre presupuestos, tributos, financiación y servicios sociales.

El Decreto-ley aprueba medidas urgentes para 2021 en Baleares: suprime el ingreso a cuenta del impuesto sobre estancias turísticas, permite renunciar al régimen de estimación objetiva y reduce el tipo del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para ciertas operaciones de financiación. También modifica normas sobre renta social garantizada, servicios sociales, cambio climático, farmacia y espacios naturales.