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Aprueba medidas urgentes de apoyo económico y social a Ceuta tras la entrada irregular de personas migrantes a finales de julio. Incluye ayudas directas a empresas y autónomos, rebajas fiscales, líneas de avales y créditos extraordinarios para reforzar servicios públicos, acogida, sanidad, seguridad y empleo.

Modifica el modelo 718 del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas para que los contribuyentes no residentes en España puedan aplicar el límite de la cuota íntegra, igual que los residentes. Adapta el modelo a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Económico-Administrativo Central.

Establece el procedimiento para que la Agencia Tributaria embargue telemáticamente dinero en cuentas abiertas en proveedores de servicios de pago, como las entidades que gestionan monederos o pagos electrónicos. Regula cómo se envían las órdenes de embargo, cómo se retiene el dinero y cómo se comunican los resultados.

Regula cómo los obligados tributarios pueden presentar por internet reclamaciones y recursos económico-administrativos, y cómo se tramitan y resuelven por medios electrónicos. También aprueba los formularios que deben usarse en estos trámites.

Establece los criterios de actuación de la Agencia Tributaria para suspender la ejecución de actos impugnados mediante recursos y reclamaciones, y para coordinar su relación con los Tribunales Económico-Administrativos. Sustituye la resolución de 2005 y regula la tramitación de la suspensión, las garantías exigidas y la ejecución de resoluciones y sentencias.

La Agencia Tributaria aprueba las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025. Estas directrices fijan las líneas de información, asistencia, prevención, investigación y control del fraude para ese año.

Modifica tres órdenes sobre la colaboración de las entidades de crédito en el cobro de deudas tributarias para la Agencia Tributaria. Ajusta el funcionamiento de los pagos por internet y del servicio de consulta del Número de Referencia Completo (NRC).

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Establece medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Incluye ayudas a personas, viviendas, empresas y ayuntamientos, medidas fiscales y de Seguridad Social, y líneas de avales y moratorias para hogares y empresas afectados.

Regula cómo la Agencia Tributaria embarga por vía telemática los créditos que un deudor tiene pendientes de cobro a través de terminales punto de venta (TPV). Las entidades de crédito y proveedores de servicios de pago pueden adherirse a un sistema automatizado de intercambio de datos o usar formularios.

Aprueba el modelo 239 para declarar a la Administración tributaria determinados mecanismos de planificación fiscal incluidos en el Acuerdo Multilateral sobre intercambio automático de información. También fija quién debe presentarlo, su contenido, plazo y forma de envío electrónico, y modifica la orden que regula los modelos 234, 235 y 236.

Aprueba el modelo 718 para declarar el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas y fija el lugar, la forma y los plazos de presentación. Este impuesto grava con una cuota adicional los patrimonios netos de personas físicas superiores a 3.000.000 de euros.

Modifica varios reglamentos tributarios para adaptarlos a la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal. Cambia normas sobre revisión de actos, recaudación, gestión e inspección y los reglamentos de Sucesiones, IVA, IRPF e Impuesto sobre Sociedades.

Eleva de 30.000 a 50.000 euros el límite por debajo del cual no se exige garantía al pedir aplazar o fraccionar el pago de deudas públicas estatales. Se aplica a deudas gestionadas por la Agencia Tributaria y otros órganos del Estado, con algunas exclusiones. Entra en vigor el 15 de abril de 2023.

La Agencia Tributaria aprueba las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2023. El plan organiza la información y asistencia al contribuyente, la prevención del fraude, la comprobación y la recaudación, y fija prioridades para la presidencia española de la UE.