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El real decreto-ley establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye normas frente a la especulación, la suspensión de desahucios de personas vulnerables, cambios fiscales y la creación de un parque público de vivienda.

Actualiza en 2026 el sistema de precios de referencia de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Fija nuevos conjuntos y sus precios, revisa los precios de conjuntos ya existentes y suprime los que dejan de cumplir los requisitos. No revisa el precio de algunos medicamentos esenciales para garantizar su suministro.

Regula cómo se devuelven los anticipos a cuenta de las ayudas previstas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 6/2024, aprobado tras la DANA de octubre y noviembre de 2024. Fija los requisitos y el procedimiento para ese reintegro y deroga las normas anteriores que se opongan.

Prorroga y amplía medidas del Plan de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio ante el encarecimiento de la energía. Incluye límites de precio del gas y los gases licuados, rebajas fiscales en hidrocarburos, electricidad e IVA, y ayudas al gasóleo agrario, la pesca y el transporte.

Establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, cambios en el alquiler, medidas fiscales y la creación de un fondo y una cuenta de ahorro para financiar vivienda.

Amplía al ejercicio 2026 una deducción en el IRPF para residentes en la isla de La Palma y permite a las comunidades autónomas con superávit y bajo endeudamiento financiar inversiones entre 2026 y 2028. También abre un nuevo plazo para suspender pagos de préstamos a afectados por el volcán y regula una prestación por cese de actividad para autónomos afectados.

Regula la concesión directa de subvenciones en materia de medicamentos y productos sanitarios durante 2026. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos que se financian, las cuantías, el pago y la justificación, así como los incumplimientos y reintegros.

Aprueba medidas urgentes de apoyo económico y social a Ceuta tras la entrada irregular de personas migrantes a finales de julio. Incluye ayudas directas a empresas y autónomos, rebajas fiscales, líneas de avales y créditos extraordinarios para reforzar servicios públicos, acogida, sanidad, seguridad y empleo.

Modifica la Orden TMS/368/2019 para adaptar el régimen de subvenciones de la formación en el trabajo a los nuevos límites de pagos anticipados. Permite entregar fondos antes de iniciar la actividad formativa hasta un máximo del 80 % del importe concedido, de modo que al menos el 20 % se abona tras finalizar y justificar la formación.

Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

Modifica la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 con medidas extraordinarias para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El sistema atiende a casi 1,7 millones de personas y emplea a más de 500.000.

Modifica la Ley 17/2006 de radio y televisión estatal para añadir un artículo 33 bis. Ese artículo regula cómo compensar las desviaciones en el coste neto del servicio público de RTVE por circunstancias sobrevenidas, incluidos impuestos no deducibles.

Autoriza a determinados organismos y entidades del sector público institucional estatal a concertar operaciones de crédito extraordinarias hasta unos importes máximos fijados para cada uno. Esta autorización es adicional e independiente de los límites de endeudamiento de la Ley de Presupuestos vigente.

Actualiza las entregas a cuenta que el Estado transfiere a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales en 2026, para ajustarlas a la previsión de ingresos tributarios de ese año. También regula planes económico-financieros, el destino del superávit local de 2025 y modifica varias normas de régimen local.

Declara varios eventos culturales, deportivos y científicos como acontecimientos de excepcional interés público. Esto permite aplicar incentivos fiscales al mecenazgo previstos en la Ley 49/2002 para las actuaciones que apoyen su celebración.

Actualiza los anexos I, II y III del Real Decreto 1207/2006, que regula el Fondo de cohesión sanitaria. Estos anexos recogen las patologías, técnicas, tecnologías y procedimientos atendidos en centros de referencia que se compensan con cargo a ese Fondo.

Establece medidas tributarias para las víctimas de la DANA de octubre y noviembre de 2024 y para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Declara exentas del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades determinadas ayudas y cantidades recibidas. También fija medidas de endeudamiento y gasto para administraciones territoriales.