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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 23/2026, que adopta medidas fiscales y financieras urgentes para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. También incluye medidas para que las comunidades autónomas con superávit ejecuten inversiones pendientes de ejercicios anteriores a 2026.

Amplía al ejercicio 2026 una deducción en el IRPF para residentes en la isla de La Palma y permite a las comunidades autónomas con superávit y bajo endeudamiento financiar inversiones entre 2026 y 2028. También abre un nuevo plazo para suspender pagos de préstamos a afectados por el volcán y regula una prestación por cese de actividad para autónomos afectados.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, que establece medidas extraordinarias para fortalecer y consolidar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Con la convalidación, el decreto-ley mantiene su vigencia.

Modifica la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 con medidas extraordinarias para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El sistema atiende a casi 1,7 millones de personas y emplea a más de 500.000.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 11/2025, que establece medidas para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y para cumplir las obligaciones de la Ley 3/2024, que busca mejorar la calidad de vida de las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible.

Modifica la Ley 39/2006 de dependencia para adaptar la asistencia personal y la ayuda a domicilio a las necesidades de las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. Incluye una supervisión y atención continuada especializada 24 horas en la fase avanzada y regula el reparto de fondos adicionales.

Establece medidas especiales de recursos humanos para garantizar el funcionamiento de los servicios sociales durante el estado de alarma por el COVID-19. Permite al Imserso y a las comunidades autónomas imponer servicios extraordinarios y reasignar personal en centros públicos y privados de servicios sociales.