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Modifica la Ley 17/2006 de radio y televisión estatal para añadir un artículo 33 bis. Ese artículo regula cómo compensar las desviaciones en el coste neto del servicio público de RTVE por circunstancias sobrevenidas, incluidos impuestos no deducibles.

Modifica el Real Decreto 1004/2010 para cambiar cómo la Corporación RTVE recibe los ingresos de la tasa sobre reserva del dominio público radioeléctrico. Ahora se toma el importe de las liquidaciones giradas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, menos anulaciones y devoluciones del mismo ejercicio, en lugar de la recaudación efectiva.

Establece la representación paritaria y la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos constitucionales, el Gobierno, el sector público, colegios profesionales, sindicatos, empresas, fundaciones y otros ámbitos. Modifica varias leyes para aplicar este criterio, incluida la ley electoral y la del Estatuto de los Trabajadores.

La orden aprueba los modelos 792 y 793 para que los prestadores de televisión y de plataformas de intercambio de vídeos de ámbito estatal o superior a una comunidad autónoma presenten la autoliquidación y los pagos a cuenta de su aportación a la financiación de RTVE. También fija quién debe presentarlos, los plazos y el procedimiento electrónico.

Establece las normas generales de la comunicación audiovisual en España: televisión, radio y plataformas de intercambio de vídeos. Regula los títulos para prestar estos servicios, el servicio público audiovisual, las obligaciones de los prestadores y el régimen sancionador.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.