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Permite que las entidades locales y las comunidades autónomas usen el superávit presupuestario de 2024 para financiar inversiones financieramente sostenibles en 2025, 2026 y 2027. También amplía el plazo para que los sistemas informáticos de facturación de empresarios y profesionales cumplan los requisitos del reglamento que los regula.

Modifica el reglamento que fija los requisitos de los programas informáticos de facturación de empresarios y profesionales. Retrasa las fechas de aplicación previstas y ajusta su contenido a la orden que desarrolla las especificaciones técnicas.

Desarrolla las especificaciones técnicas y funcionales de los sistemas informáticos de facturación de empresarios y profesionales. Regula cómo deben generarse, conservarse y remitirse los registros de facturación, e incluye el código QR y la representación gráfica en las facturas.

Modifica la Ley Foral 1/2019 de Derechos Culturales de Navarra. Cambia su articulado para ajustar cómo se garantiza el acceso a la cultura y la participación en la vida cultural en Navarra.

Establece los requisitos que deben cumplir los programas informáticos que usan empresarios y profesionales para facturar. Regula cómo se generan, conservan y firman los registros de facturación, y crea un sistema de facturas verificables con la Agencia Tributaria.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 14/2022, que adapta la legislación penal española a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 14/2022, que adapta la legislación penal española a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso. El recurso lo presentan cincuenta diputados.

Modifica el Código Penal para adaptarlo a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso. También cambia normas procesales para revisar sentencias y recursos.

Crea un impuesto sobre determinados servicios digitales. Grava los ingresos de empresas que prestan servicios digitales en España, como publicidad en línea o venta de datos, cuando superan ciertos umbrales. Regula quién debe pagarlo, cómo se calcula y cómo se gestiona.