Buscar en el BOE

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Desarrolla la obligación de usar factura electrónica en las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales. Regula el sistema español de factura electrónica, las plataformas privadas de intercambio, una solución pública y el cálculo de los plazos de pago. También modifica el reglamento de obligaciones de facturación.

Regula cómo los obligados tributarios pueden presentar por internet reclamaciones y recursos económico-administrativos, y cómo se tramitan y resuelven por medios electrónicos. También aprueba los formularios que deben usarse en estos trámites.

Establece el calendario para aplicar los procedimientos de financiación que permiten a ciertas entidades locales cancelar deudas pendientes con proveedores. Regula también el contenido de los planes de ajuste y su posible revisión en esos procedimientos.

Establece qué actuaciones de los Tribunales Económico-Administrativos se pueden hacer de forma automática por medios electrónicos y cómo se firman con un código seguro de verificación (CSV). También fija qué órganos se encargan de definir, mantener y controlar esos sistemas y quién responde si se impugnan.

Establece las instrucciones y el calendario para que determinadas entidades locales puedan financiar la cancelación de deudas pendientes con sus proveedores. Regula dos vías: una voluntaria, para entidades que superan el plazo máximo de pago, y otra obligatoria, para las que lo incumplen de forma reiterada. También fija aspectos de los planes de ajuste y su posible revisión.

Modifica la Orden EHA/789/2010 sobre las solicitudes de devolución del IVA (modelos 360 y 361). Exige adjuntar copia electrónica de facturas o documentos de importación cuando la base imponible supere 1.000 euros, o 250 euros si es carburante. Suprime la necesidad de presentar antes el documento de representación.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2023, que aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Ordena su publicación para general conocimiento.

Aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación con fondos europeos. Regula la digitalización de la justicia, cambios en el empleo público, la reforma de la ley de régimen local y los incentivos fiscales al mecenazgo.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2022, que aprueba medidas para proteger a los consumidores de energía, reducir el consumo de gas natural, regular las retribuciones del personal del sector público y proteger a las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.

Aprueba medidas para proteger a los consumidores de energía y reducir el consumo de gas natural, en el marco del plan «+SE». Incluye cambios en el bono social térmico y eléctrico, flexibilización de contratos de suministro, impulso al autoconsumo y medidas fiscales. También fija un incremento retributivo adicional para el personal del sector público en 2022 y reduce las jornadas cotizadas para el subsidio agrario por la sequía.

Establece las instrucciones y el calendario para que ciertas entidades locales soliciten financiación extraordinaria y cancelen facturas pendientes de pago anteriores al 1 de julio de 2021. Define también los modelos de certificados de deuda y el contenido de los planes de ajuste.

Aprueba un sistema de firma electrónica no criptográfica para los documentos y trámites de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración del Estado. Este sistema lo usan los sistemas de información que gestionan los fondos europeos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, sobre trabajo a distancia, y ordena su publicación. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Regula el trabajo a distancia en las empresas, incluyendo el teletrabajo. Establece que debe ser voluntario y acordarse por escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija los derechos de quien trabaja fuera del centro de trabajo.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, que establecía medidas financieras extraordinarias y urgentes para las entidades locales. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.