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La ley establece objetivos de bienestar para las generaciones presentes y futuras en las Illes Balears y crea una comisión que evalúa el impacto de las políticas públicas y de las normas sobre ese bienestar. También obliga a elaborar informes de evaluación de impacto, incluido uno anual y otro sobre los presupuestos.

Modifica el Reglamento de destinos del personal militar profesional. Cambia las reglas para asignar destinos a parejas de militares, a víctimas de violencia de género o sexual y a militares denunciados por acoso. También fija límites para destinar a cierto personal y regula los destinos en la Jurisdicción Militar.

La ley regula las políticas de juventud en las Illes Balears: fija los derechos y deberes de las personas jóvenes, reparte competencias entre el Gobierno autonómico, los consejos insulares y los ayuntamientos, y ordena ámbitos como educación, empleo, vivienda, salud y deporte. También crea instrumentos de planificación, participación juvenil y un régimen sancionador.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears: la renta social garantizada, el complemento de renta en las pensiones no contributivas y la renta de emancipación para jóvenes que han estado bajo tutela o guarda de menores. También ordena las prestaciones de concurrencia, de urgencia social y de apoyo familiar e inserción.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Illes Balears. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.