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El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley Orgánica 2/2010, que regula la salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo. La sentencia avala el sistema de plazos y las garantías de acceso, y considera que la vida prenatal es un bien protegido, pero no absoluto.