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El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y anula el Real Decreto 378/2022, que regulaba la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social. Las subvenciones afectadas sumaban 102.036.066 euros y se enmarcaban en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para proyectos de inclusión social, con un importe de 102.036.066 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos financiables, las cuantías y el procedimiento de concesión, pago y justificación.

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para actuaciones de inclusión social, con un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Establece las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos financiables, las cuantías y el procedimiento de concesión, pago y justificación.

Regula la concesión directa de subvenciones para 2021 destinadas a financiar actuaciones de la inversión «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad», dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Establece el procedimiento, los beneficiarios, las actuaciones y gastos subvencionables, la cuantía y el pago.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, que adopta medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Modifica la Ley de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra para tipificar como infracción determinadas conductas de acoso y para describir los elementos que integran la uniformidad del cuerpo. También suspende la vigencia de los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria séptima de la Ley del ejercicio de las profesiones del deporte.

Prorroga medidas de protección social que terminaban el 9 de agosto de 2021 para personas en situación de vulnerabilidad económica y social. Incluye medidas en materia de vivienda y de violencia de género, y modifica normas anteriores para mantener su vigencia.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2021, que recoge medidas urgentes sanitarias, sociales y judiciales para aplicar tras el fin del estado de alarma por la COVID-19. Ordena publicar el acuerdo para conocimiento general.

Establece medidas sanitarias, sociales y judiciales que se aplican cuando termina el estado de alarma por la COVID-19 el 9 de mayo de 2021. Incluye control sanitario de viajeros internacionales, protección de consumidores vulnerables de agua y energía, apoyo a víctimas de violencia de género y medidas sobre cooperativas y profesionales sanitarios jubilados.

Declara servicio esencial la asistencia y protección a las víctimas de violencia de género durante el estado de alarma por COVID-19. Garantiza el funcionamiento de los servicios de información, acogida y seguimiento telemático, y regula el uso de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2021. Incluye bonificaciones en la tasa de juegos de azar por la pandemia y beneficios fiscales en la compra de vivienda habitual para víctimas de violencia de género, además de modificar varias leyes autonómicas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, sobre protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 2021, que incluyen los presupuestos del Parlamento, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo, la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, el Consejo de Navarra y las fundaciones y sociedades públicas. Fija los créditos y los ingresos previstos, y regula las modificaciones de crédito, los gastos de personal, las operaciones financieras y la gestión presupuestaria.

Introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable y prevé una protección reforzada para ella en las relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas.