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Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

La ley establece objetivos de bienestar para las generaciones presentes y futuras en las Illes Balears y crea una comisión que evalúa el impacto de las políticas públicas y de las normas sobre ese bienestar. También obliga a elaborar informes de evaluación de impacto, incluido uno anual y otro sobre los presupuestos.

La ley tiene como objetivo lograr la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en La Rioja y eliminar la discriminación por razón de sexo. Regula las competencias de la administración autonómica y local, crea órganos de coordinación y un Fondo de Igualdad, y establece medidas en educación, empleo, salud, urbanismo, cultura, deporte y medios de comunicación, con un régimen sancionador.

Modifica el Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual para evitar que en casos graves se apliquen las penas mínimas de los nuevos marcos penales. También corrige omisiones sobre responsabilidad penal de personas jurídicas y sobre la difusión de contenidos que incitan a agresiones sexuales a menores de dieciséis años.

Establece las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que deben cumplir los bienes y servicios a disposición del público para que las personas con discapacidad puedan acceder y usarlos en igualdad de condiciones. Regula obligaciones generales, ajustes razonables, atención al público y normas específicas por sectores.

Modifica el Real Decreto 1042/2021 para ampliar el plazo de ejecución de la subvención concedida a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Esa subvención financia la modernización de los servicios de atención a víctimas de violencia machista y la creación del Centro Estatal de Coordinación del Servicio de Atención y Protección (CEC-ATENPRO) en Alcorcón.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para ampliar derechos de los pensionistas, reducir la brecha de género y fijar un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Incluye un Mecanismo de Equidad Intergeneracional y cambia la regulación de la jubilación parcial.

Modifica la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Añade medidas sobre salud menstrual, anticoncepción, educación sexual y formación de profesionales. También regula la actuación frente al aborto forzoso y la gestación por sustitución.

La ley regula la política de empleo en España: sus objetivos, planificación y gobernanza, la creación de la Agencia Española de Empleo y el funcionamiento de los servicios públicos de empleo. También ordena las políticas activas de empleo, la intermediación laboral y los servicios para personas desempleadas y empresas.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica dos reales decretos que regulan subvenciones directas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas subvenciones financian proyectos de accesibilidad universal a la vivienda para personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, y proyectos de innovación, investigación y divulgación sobre accesibilidad, incluidos un centro de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre autismo.

La ley regula la accesibilidad universal en La Rioja para que las personas con discapacidad puedan usar en igualdad de condiciones los espacios públicos, los edificios, el transporte, la comunicación y los servicios. Crea órganos de control y promoción, como la Oficina Riojana de Accesibilidad Universal y el Consejo para la Accesibilidad, y establece un régimen de sanciones.

Establece el marco legal del deporte en España: regula el derecho a la práctica deportiva, la organización administrativa, los derechos y deberes de las personas deportistas, las entidades deportivas, las competiciones y el régimen sancionador. Incluye medidas de igualdad, deporte inclusivo y protección de la salud.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para que el tiempo de servicio social obligatorio de la mujer cuente, con un límite de un año, para acceder a la pensión de jubilación parcial, igual que ya ocurre con el servicio militar y la prestación social sustitutoria.

La ley regula en La Rioja la prevención, detección y atención de la violencia de género. Establece medidas educativas, sanitarias, sociales, laborales, económicas y de vivienda, además de asistencia jurídica, atención policial y reparación para las víctimas.

Establece las funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, órgano colegiado adscrito al Ministerio de Igualdad. Amplía sus competencias a todas las formas de violencia contra las mujeres y regula sus órganos: Pleno, Comisión permanente y grupos de trabajo.

La ley regula las políticas de juventud en las Illes Balears: fija los derechos y deberes de las personas jóvenes, reparte competencias entre el Gobierno autonómico, los consejos insulares y los ayuntamientos, y ordena ámbitos como educación, empleo, vivienda, salud y deporte. También crea instrumentos de planificación, participación juvenil y un régimen sancionador.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears: la renta social garantizada, el complemento de renta en las pensiones no contributivas y la renta de emancipación para jóvenes que han estado bajo tutela o guarda de menores. También ordena las prestaciones de concurrencia, de urgencia social y de apoyo familiar e inserción.

Establece medidas para garantizar la protección integral frente a las violencias sexuales. Incluye prevención y detección en ámbitos educativo, sanitario, laboral y digital, formación de profesionales, asistencia integral a las víctimas y actuación policial y judicial.