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El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra en Oriente Medio. Incluye ayudas y subvenciones para empresas, agricultura, pesca, transporte, industria y comercio, además de medidas fiscales, de contratación pública y de función pública.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Regula la actuación de la Junta de Extremadura para atender a las personas desplazadas de Ucrania por la guerra. Establece medidas en renta garantizada, empadronamiento, transporte, protección de menores y acogimiento temporal solidario, además de medidas urgentes de contratación pública y fiscales.

Modifica la Ley de turismo de las Illes Balears para introducir principios y objetivos de circularidad en el sector. Crea la estrategia y el plan de circularidad para los alojamientos turísticos y regula su implantación. También suspende la adquisición de plazas turísticas en Mallorca, Ibiza y Formentera y limita actividades turísticas en Menorca.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder a los efectos de la guerra en Ucrania. Incluye actuaciones para acoger a personas desplazadas, agilizar subvenciones, contener precios de la energía y del transporte, y mantener el equilibrio económico de los contratos públicos.

Establece la organización de la Administración de Extremadura para gestionar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Crea estructuras de gobernanza y coordinación, y fija reglas especiales de personal, administración digital, presupuesto, subvenciones, contratación y evaluación ambiental para ejecutar esos fondos.

Modifica la Ley de Salud Pública de las Illes Balears y el régimen sancionador frente a la COVID-19. Incluye una disposición que limita los precios y tarifas de las pruebas diagnósticas.

Establece que el 85% de la recaudación de las sanciones por incumplir la normativa del primer estado de alarma por la COVID-19, denunciadas por ayuntamientos de Cataluña, se transfiera a esos ayuntamientos. También modifica varias normas sobre presupuestos, tributos, financiación y servicios sociales.

Establece medidas para agilizar los trámites administrativos y organizar la planificación, gestión y control de los fondos europeos Next Generation EU en Canarias. También fija medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario para luchar contra la COVID-19.

Establece medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar actuaciones y proyectos financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en las Illes Balears. Regula la planificación, gestión, tramitación y control de estos fondos, con especialidades en convenios, presupuestos, subvenciones, contratación y personal.

Establece subvenciones extraordinarias para entidades locales de Cataluña con el fin de financiar proyectos de empleo y fomento de la actividad económica en territorios afectados por confinamientos más severos durante la COVID-19. Regula las actuaciones subvencionables, los requisitos de las entidades beneficiarias, las cuantías y el procedimiento de concesión.

Establece ayudas económicas urgentes para las entidades del tercer sector social de Cataluña, con el fin de afrontar el aumento de gastos causado por la pandemia de COVID-19. Regula quién puede recibirlas, los requisitos, la solicitud, la cuantía y la financiación.