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Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.

Reforma el complemento por maternidad en las pensiones para convertirlo en un complemento para reducir la brecha de género, que pueden cobrar también los hombres. Además modifica el ingreso mínimo vital, la incapacidad temporal del personal sanitario y amplía plazos de moratorias hipotecarias y avales públicos.

Amplía y completa medidas para paliar los efectos del COVID-19 en agricultura, ciencia, economía, empleo, Seguridad Social e impuestos. Incluye prórroga de la flexibilización del empleo agrario, avales a la Comisión Europea, moratorias de préstamos y cambios en el Impuesto sobre Sociedades.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.