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Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a entidades del Tercer Sector y otras organizaciones. Establece el procedimiento, las entidades beneficiarias, los gastos subvencionables, las cuantías y la justificación para tres ámbitos: servicios sociales y familias, discapacidad y juventud.

Regula cómo se usan los datos de los registros de nombres de pasajeros (PNR) de los vuelos para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos de terrorismo y delitos graves. Crea una Unidad de Información sobre Pasajeros en España y fija reglas para recoger, tratar, conservar y compartir esos datos.

España comunica a la ONU que rechaza la reserva y la declaración que Líbano presentó al adherirse al Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo. España considera que esas reservas van contra el objeto y fin del Convenio y contra su artículo 6.