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Modifica las bases reguladoras de dos programas de ayudas públicas para llevar banda ancha ultrarrápida (gigabit) a todo el territorio, especialmente a zonas rurales. Actualiza estas bases para adaptarlas a los cambios del Plan de Recuperación y a la normativa europea de ayudas de Estado.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Modifica la ley que regula el intercambio de antecedentes penales entre países de la Unión Europea para adaptarla al sistema europeo ECRIS. Incluye datos como la imagen facial y las huellas, y regula la identificación de condenas de nacionales de terceros países.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Publica los Estatutos de DARIAH ERIC, un consorcio europeo que agrupa a varios países para impulsar la investigación digital en artes y humanidades. Los Estatutos regulan su sede en París, sus órganos de gobierno, su presupuesto y sus políticas internas.

Establece las bases y convoca subvenciones para modernizar tecnológicamente las entidades del Tercer Sector, con financiación del Fondo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Regula requisitos, solicitudes, valoración de proyectos, gastos subvencionables, pago y justificación.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

España ratifica un tratado para enviar por vía electrónica, a través de la plataforma Iber@, las solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales. Incluye un reglamento que fija cómo se financia esa plataforma.

Regula la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje en las carreteras españolas para implantar el Servicio Europeo de Telepeaje (SET). Establece los principios, derechos y obligaciones de proveedores, perceptores de peaje y usuarios, y las condiciones técnicas que deben cumplir los sistemas.

Establece el marco para que la Fiscalía Europea use la plataforma del Punto Neutro Judicial y consulte bases de datos de administraciones y organismos con convenio con el Consejo General del Poder Judicial. El acceso requiere una resolución procesal previa y se ajusta a la normativa de protección de datos.