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Desarrolla la Ley 52/1997 sobre la asistencia jurídica al Estado. Regula cómo la Abogacía General del Estado emite informes y defiende al Estado en juicios, y cómo presta asistencia a órganos constitucionales y entidades públicas. Sustituye al reglamento anterior de 2003.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Reforma la Ley Concursal para adaptarla a una directiva europea. Regula los planes de reestructuración preventiva de empresas con dificultades, la exoneración de deudas de personas físicas y el régimen de inhabilitaciones. También ordena los procedimientos de insolvencia para hacerlos más eficientes.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el reparto de competencias entre los Juzgados de lo Mercantil y las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales. Con ello se busca agilizar los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, adaptando la legislación española a la Directiva (UE) 2019/1023.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2021, que recoge medidas urgentes sanitarias, sociales y judiciales para aplicar tras el fin del estado de alarma por la COVID-19. Ordena publicar el acuerdo para conocimiento general.

Establece medidas sanitarias, sociales y judiciales que se aplican cuando termina el estado de alarma por la COVID-19 el 9 de mayo de 2021. Incluye control sanitario de viajeros internacionales, protección de consumidores vulnerables de agua y energía, apoyo a víctimas de violencia de género y medidas sobre cooperativas y profesionales sanitarios jubilados.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2020, que incorpora al ordenamiento jurídico español varias directivas de la Unión Europea. Las materias afectadas son la contratación pública en determinados sectores, los seguros privados, los planes y fondos de pensiones, el ámbito tributario y los litigios fiscales.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.