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Adapta la ley española al Reglamento europeo sobre Eurojust, la agencia de la UE para la cooperación judicial penal. Regula el miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción entre países, las redes de cooperación jurídica internacional y el personal del Ministerio de Justicia en el exterior.

Crea la Unidad Administrativa-Oficina de la Fiscalía Europea en España y aprueba la relación de puestos de trabajo. Esta oficina da apoyo a los Fiscales europeos delegados en la investigación de delitos que perjudican los intereses financieros de la Unión. Adscribe a funcionarios del Estado, de las comunidades autónomas y de la Administración de Justicia.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptarla al nuevo Registro Civil único, informatizado y electrónico, y cambia el Código Penal para completar la trasposición de una directiva europea contra el blanqueo de capitales. Los letrados de la Administración de Justicia en servicio activo serán los encargados del Registro Civil.

Publica un acuerdo entre España y el Consejo de Europa para que un juez español trabaje en comisión de servicio en el Consejo de Europa, en Estrasburgo. El acuerdo fija el puesto, la duración y las condiciones de esa adscripción.