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Modifica varias normas sobre pesca y fondos europeos agrícolas. Adapta la gobernanza del Plan Estratégico de la PAC a los cambios del Reglamento (UE) 2025/2649, que suprime la liquidación del rendimiento. También ajusta las ayudas a organizaciones profesionales del sector pesquero y la primera venta de productos pesqueros.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, que adopta medidas dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

España se adhiere al Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, que aplica las normas de seguridad del Protocolo de Torremolinos a los buques pesqueros. Con una declaración, España concreta cómo aplicará esas normas a los buques de pesca de 24 metros de eslora o más.

Publica los repartos actualizados al 1 de enero de 2025 de las posibilidades de pesca de la flota española que faena en la zona de la Organización de Pesca del Atlántico Noroccidental (NAFO). Los anexos fijan el porcentaje de cuota de cada empresa y buque para especies como fletán negro, bacalao, camarón, gallineta, raya y locha.

Regula la actividad de las flotas pesqueras española y portuguesa en las aguas de ambos países, al amparo del acuerdo bilateral entre España y Portugal. Establece medidas técnicas, el procedimiento para conceder autorizaciones de pesca y las condiciones para usar esas autorizaciones.

Modifica el Real Decreto 1173/2015 para adaptar las ayudas a la paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera a la normativa de la Unión Europea. Integra la paralización temporal por reducción del esfuerzo pesquero en el marco del Plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental.

Publica la actualización de los anexos de la Orden de 1999 que ordena la actividad de la flota española que faena en la zona de regulación de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental. Los anexos recogen el reparto de cuotas de pesca entre empresas y buques.