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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 5/2019 del País Vasco, que modifica la Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos por violencia de motivación política entre 1978 y 1999. La sentencia interpreta de forma conforme a la Constitución los preceptos sobre el deber de colaboración de los poderes públicos vascos y la función instructora de la comisión de valoración.