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Modifica el Real Decreto 337/2018 para adaptar las reglas sobre previsiones macroeconómicas y presupuestarias a la normativa de la Unión Europea. Incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2024/1265, que cambia los requisitos de los marcos presupuestarios de los Estados miembros.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2024, fijando los gastos e ingresos de la Administración general, sus organismos autónomos, entes públicos, sociedades, fundaciones y consorcios. Incluye normas sobre créditos, retribuciones del personal, aportaciones de las diputaciones forales y gestión de fondos del Plan de Recuperación.

Modifica dos circulares del Banco de España para adaptarlas a la Ley 18/2022: prohíbe a entidades de crédito de fuera de la Unión Europea captar depósitos del público en España sin sucursal y fija criterios de valoración en la autorización. También revisa la información sobre remuneraciones que entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito deben enviar al Banco de España.

Establece el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de otras entidades que prestan servicios de inversión. Regula su autorización, registro, agentes, sucursales, gobierno corporativo, requisitos de organización y normas de conducta con los clientes.

Modifica tres circulares del Banco de España para adaptar la normativa española a las reformas bancarias europeas CRD V y CRR II. Ajusta las reglas de supervisión y solvencia de las entidades de crédito, las opciones regulatorias del reglamento europeo y la transparencia de los servicios bancarios.

Establece en Navarra las reglas para programar, presupuestar, gestionar y ejecutar actuaciones financiables con fondos europeos, en especial los del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU). También agiliza trámites administrativos, de subvenciones y de contratación, y fija medidas en el sector eléctrico.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2021, que adapta la ley española a varias directivas de la Unión Europea. Las materias son competencia, blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, tributos, daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores y defensa de los consumidores.

Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.

Modifica la normativa sobre ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Actualiza las reglas sobre las tablas biométricas que se usan para calcular las provisiones técnicas en seguros de vida y decesos, y crea una comisión técnica de análisis de sus hipótesis.

Aprueba los modelos 234, 235 y 236 para declarar a Hacienda información sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. Regula quién debe presentarlos, su contenido, los plazos y la presentación electrónica.

Establece reglas entre España y el Reino Unido, en relación con Gibraltar, sobre residencia fiscal de personas y entidades, cooperación administrativa en materia fiscal e intercambio de información. También fija la aplicación en Gibraltar de normas de transparencia y lucha contra el blanqueo de capitales.

Modifica la Ley General Tributaria para obligar a comunicar a la Administración determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. Traslada al derecho español una directiva europea sobre intercambio automático de información fiscal. La obligación afecta a los intermediarios que diseñan o comercializan estos mecanismos y a los contribuyentes que los usan.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.