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La ley establece medidas para prevenir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria. Fija obligaciones para los agentes de la cadena, medidas de buenas prácticas, reglas sobre las fechas de consumo preferente y un régimen sancionador.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Establece la representación paritaria y la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos constitucionales, el Gobierno, el sector público, colegios profesionales, sindicatos, empresas, fundaciones y otros ámbitos. Modifica varias leyes para aplicar este criterio, incluida la ley electoral y la del Estatuto de los Trabajadores.

Desarrolla en España la normativa europea para agilizar los trámites de autorización y contratación de los proyectos de la red transeuropea de transporte (RTE-T). Fija plazos máximos para conceder autorizaciones y crea una autoridad encargada de coordinar esos trámites.

Regula la actuación de la Junta de Extremadura para atender a las personas desplazadas de Ucrania por la guerra. Establece medidas en renta garantizada, empadronamiento, transporte, protección de menores y acogimiento temporal solidario, además de medidas urgentes de contratación pública y fiscales.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder a los efectos de la guerra en Ucrania. Incluye actuaciones para acoger a personas desplazadas, agilizar subvenciones, contener precios de la energía y del transporte, y mantener el equilibrio económico de los contratos públicos.

Adopta medidas urgentes en Navarra para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye la simplificación de trámites para instalar energías renovables, límites a la subida de la renta en vivienda protegida, revisión excepcional de precios en contratos públicos y medidas fiscales.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.

Actualiza las cifras que marcan los tipos de contrato en la contratación pública desde el 1 de enero de 2022. Sustituye los umbrales anteriores por los fijados por la Comisión Europea en cuatro reglamentos de noviembre de 2021.

Adapta al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula los bonos garantizados que emiten los bancos, la venta transfronteriza de fondos de inversión, la reutilización de datos del sector público, los derechos de autor en internet, ciertas exenciones de IVA, la protección de las personas consumidoras y el fomento de vehículos de transporte limpios.

Establece medidas para organizar en España la XXIV reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), prevista inicialmente en Marrakech. Regula la contratación necesaria y fija qué órgano se encarga de ejecutarla.

Establece el modelo de organización y las reglas para planificar, gestionar y controlar en Canarias los fondos europeos de recuperación «Next Generation EU». Incluye medidas para agilizar trámites administrativos, de personal, presupuestarios, de contratación y de subvenciones vinculados a esos proyectos.

Establece la organización de la Administración de Extremadura para gestionar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Crea estructuras de gobernanza y coordinación, y fija reglas especiales de personal, administración digital, presupuesto, subvenciones, contratación y evaluación ambiental para ejecutar esos fondos.

Adapta la normativa española a la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el fin del periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. Regula el acceso a profesiones, el empleo público, la Seguridad Social, la asistencia sanitaria, la Universidad, la contratación pública y otros ámbitos afectados.

El Acuerdo autoriza a la Comisión Europea a negociar y firmar, en nombre de los Estados miembros participantes, acuerdos de compra anticipada de vacunas contra la COVID-19 con los fabricantes. La compra de las dosis corre a cargo de los Estados miembros, que mantienen sus competencias de vacunación.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.