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Crea y regula los órganos de coordinación, seguimiento y participación del II Plan Nacional de Derechos Humanos (2023-2027). Establece un Comité de dirección y una Comisión interministerial de seguimiento, con sus fines, funciones, composición y mandato.

Modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales para que los ayuntamientos comuniquen al Instituto Nacional de Estadística (INE) los cambios del padrón municipal en tiempo real, en lugar de cada mes. También prevé la interconexión entre los padrones y el INE.

Sustituye el Reglamento de Adopción internacional de 2019 para cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional. La nueva norma devuelve a las comunidades autónomas la competencia para acreditar a los organismos que intermedian en adopciones internacionales. Regula también el inicio y la suspensión de la tramitación por país, el número máximo de expedientes y el registro nacional de organismos acreditados.

Regula cómo se eligen en España los candidatos a Fiscal Europeo y a Fiscal Europeo Delegado. Fija los requisitos, la comisión de selección, la convocatoria y el procedimiento de selección, y la publicación de la propuesta y su comunicación a la Fiscalía Europea.

Modifica la estructura orgánica de los ministerios y del Ministerio de Ciencia e Innovación para crear la Agencia Espacial Española y adaptar el reparto de competencias en materia espacial y aeroespacial.

Crea la Comisión Nacional que coordina y prepara la candidatura de Málaga como sede de una Exposición Internacional en 2027, con el tema «La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible». Regula sus funciones, presidencia, pleno, comité ejecutivo y forma de funcionar.

Modifica el Real Decreto 581/2017 para ajustar el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en España a la normativa europea. Añade la obligación de informar al solicitante, en el plazo de un mes, de los documentos que falten en su expediente y amplía el plazo para subsanarlos.

Modifica el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa y otras normas tributarias. Incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2017/1852 sobre resolución de litigios fiscales entre Estados miembros y medidas del Proyecto BEPS de la OCDE. Regula cómo se inician, desarrollan y terminan estos procedimientos, incluidas comisiones consultivas.