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El Protocolo incorpora a Ecuador como parte del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú. Regula las condiciones y efectos de esa adhesión en las relaciones comerciales entre la UE y los países andinos firmantes.

Establece un acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Colombia y Perú, por otro. Crea una zona de libre comercio y fija reglas sobre mercancías, servicios, inversiones, contratación pública, propiedad intelectual y competencia, entre otras materias.

Modifica las bases y la convocatoria de ayudas para crear demostradores y casos de uso de espacios de compartición de datos entre empresas. Ajusta los requisitos de los beneficiarios para alinearlos con el Reglamento europeo de ayudas de Estado y suprime un criterio de selección basado en el domicilio fiscal.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Crea el Comité Nacional de Facilitación del Comercio y fija su composición y funciones. El comité coordina a los ministerios con competencias en facilitación del comercio y procedimientos aduaneros y hace seguimiento de los compromisos de España con el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 24/2021, que traspone varias directivas de la Unión Europea. Las materias son bonos garantizados, fondos de inversión transfronterizos, datos abiertos del sector público, derechos de autor en línea, exenciones temporales a importaciones y suministros, derechos de las personas consumidoras y promoción de vehículos de transporte por carretera limpios.

Adapta al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula los bonos garantizados que emiten los bancos, la venta transfronteriza de fondos de inversión, la reutilización de datos del sector público, los derechos de autor en internet, ciertas exenciones de IVA, la protección de las personas consumidoras y el fomento de vehículos de transporte limpios.

Deroga el Real Decreto 199/2010, que regulaba la venta ambulante o no sedentaria. El Tribunal Constitucional había declarado que esa norma invadía competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de comercio.

Modifica varios reales decretos de cualificaciones profesionales para adaptar las unidades de competencia de idiomas al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Actualiza así el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en distintas familias profesionales.

Permite aplicar con más flexibilidad algunas restricciones del estado de alarma por COVID-19 en pequeños municipios y entes locales de ámbito territorial inferior. Regula desplazamientos de menores, actividad física, higiene, mercados al aire libre, hostelería y servicios sociales en esos territorios.