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Establece el régimen jurídico para el uso civil de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS o drones) en España y modifica varias normas reglamentarias sobre control de importación, demostraciones aéreas, lucha contra incendios, búsqueda y salvamento, aeronavegabilidad, licencias, matriculación de aeronaves, compatibilidad electromagnética, reglamento del aire y notificación de sucesos.

Establece las normas para conceder de forma directa un préstamo a la empresa Airbus Defence and Space, S.A.U., destinado al programa Euromale RPAS. Regula el beneficiario, las obligaciones de la empresa, la cuantía, el procedimiento de concesión, las condiciones del préstamo y su justificación y devolución.

Modifica el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa y otras normas tributarias. Incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2017/1852 sobre resolución de litigios fiscales entre Estados miembros y medidas del Proyecto BEPS de la OCDE. Regula cómo se inician, desarrollan y terminan estos procedimientos, incluidas comisiones consultivas.

Modifica el Código Internacional de sistemas de seguridad contra incendios (Código SSCI) en lo relativo a los sistemas automáticos de rociadores, de detección de incendios y de alarma contraincendios. Las enmiendas se consideran aceptadas el 1 de julio de 2019 y entran en vigor el 1 de enero de 2020.

Aprueba enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS, 1974). Añade definiciones sobre zonas de aterrizaje y de carga con helicópteros y modifica reglas sobre medios de evacuación.

Establece las condiciones para los servicios aéreos y marítimos en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad. Regula la formación aeronáutica, los vuelos de instrucción, las actividades de recreo, el transporte marítimo en Canarias y Melilla, el transporte turístico de pasajeros y la navegación de recreo.

Desarrolla el régimen de las extracciones marítimas de buques y bienes naufragados o hundidos previsto en la Ley de Navegación Marítima. Regula las autorizaciones para explorar, localizar y extraer esos restos, y los concursos para extraer bienes de propiedad del Estado.

Modifica el acuerdo de sede entre España y la OCCAR para ampliar las instalaciones que la organización puede ubicar en territorio español. Añade la Oficina Satélite del programa MMF en Getafe y permite otras divisiones, oficinas e instalaciones que decida la Junta de Supervisores.