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Suprime el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo y crea tres Centros Culturales de la AECID en Guatemala, Nicaragua y Panamá, además de una Oficina de la Cooperación Española en Túnez. Todos dependen de las embajadas de España en esos países.

Establece medidas para prevenir y combatir el racismo y la xenofobia en Navarra. Incluye actuaciones en educación, empleo, salud, vivienda, servicios sociales, seguridad, comunicación, deporte y cultura, además de mecanismos de protección, reparación y un régimen sancionador.

Modifica el Real Decreto 41/2022 para añadir dos nuevas vocalías al Pleno del Comité Organizador de la Presidencia Española de la Unión Europea. Las nuevas vocalías corresponden a la Secretaría General de Asuntos Económicos y G-20 y a la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País.

La ley regula el fomento de la cultura de paz en Aragón. Establece actuaciones en educación y formación, investigación, comunicación, ámbito local, cooperación internacional y protección social. También prevé informar a las Cortes de Aragón.

Regula la política de cooperación y solidaridad internacional de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Establece su planificación, los ámbitos estratégicos, las modalidades e instrumentos, los órganos y agentes que participan, y los recursos y la financiación.

Modifica varios reglamentos tributarios para adaptarlos a la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal. Cambia normas sobre revisión de actos, recaudación, gestión e inspección y los reglamentos de Sucesiones, IVA, IRPF e Impuesto sobre Sociedades.

Modifica el Real Decreto 1799/2003 para adaptar las listas electorales y las copias del censo electoral al voto de los españoles en el extranjero. Elimina la solicitud previa del voto y añade la oficina consular en los ficheros de escrutinio.

La ley regula en la Comunidad de Madrid el acceso y ejercicio de actividades económicas, con reglas para evitar discriminaciones y limitaciones innecesarias. Establece principios de necesidad, proporcionalidad y eficacia, y garantiza que las actuaciones administrativas de otras comunidades tengan efecto en Madrid.

Modifica varias normas de seguridad industrial para aplicar el principio de reconocimiento mutuo de la Unión Europea. Así, se aceptan en España productos comercializados legalmente en otros países de la UE, aunque no cumplan exactamente las reglas técnicas nacionales.

Crea la Agencia Estatal «Agencia Espacial Española» y aprueba su Estatuto. El Estatuto fija su naturaleza, fines, competencias, órganos de gobierno, personal, presupuesto y régimen de control. La Agencia coordina la política espacial del Gobierno y colabora con el sector espacial.

Aprueba cinco planes de ordenación del espacio marítimo, uno por cada demarcación marina española. Estos planes ordenan las actividades humanas en el mar para hacerlas compatibles con la protección del medio marino y el desarrollo de los sectores marítimos.

Establece las bases para conceder subvenciones directas del Programa ICEX-Brexit, gestionado por ICEX España Exportación e Inversiones. Estas ayudas se financian con la Reserva de adaptación al Brexit de la Unión Europea y buscan paliar los efectos de la salida del Reino Unido en las empresas.

La ley regula la política española de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. Define sus principios, objetivos, prioridades geográficas y temáticas, y cómo se planifica, ejecuta y evalúa. Crea el Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES) y ordena los órganos que participan.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023. Fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entidades dependientes, las retribuciones del personal y las normas de gestión presupuestaria, tributaria y financiera.

Regula cómo se organiza y gestiona en España el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027 y los fondos europeos agrícolas FEAGA y Feader. Crea y define las autoridades de gestión, los organismos pagadores y de certificación, y los procedimientos de control y coordinación con la Unión Europea.

Regula el sistema de gestión y control de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en España para el periodo 2023-2027. Establece cómo se solicita, identifica, controla y paga el dinero de los fondos europeos agrícolas. Incluye el Sistema Integrado de Gestión y Control, el SIGPAC y los controles sobre los beneficiarios.

Regula desde 2023 las ayudas directas de la Política Agrícola Común en España y los requisitos comunes para cobrarlas. Establece quién es agricultor activo, qué superficies son subvencionables y cómo funciona la solicitud única de ayudas.

Establece las normas para aplicar la condicionalidad reforzada y la condicionalidad social a las personas que reciben ayudas de la Política Agrícola Común: pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del programa POSEI. Regula los controles, las penalizaciones y las obligaciones laborales y de seguridad en el trabajo.

Adapta la ley española al Reglamento europeo sobre Eurojust, la agencia de la UE para la cooperación judicial penal. Regula el miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción entre países, las redes de cooperación jurídica internacional y el personal del Ministerio de Justicia en el exterior.