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Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

Modifica la Ley General Tributaria para aplicar en España la Directiva europea DAC 7. Crea la obligación de que los operadores de plataformas digitales informen a la Administración sobre los ingresos de sus vendedores. También regula inspecciones conjuntas y controles simultáneos entre países de la UE.

Modifica varias normas tributarias para incorporar al derecho español una directiva europea contra la elusión fiscal y para reforzar el control y la lucha contra el fraude fiscal. También regula aspectos del juego y del tabaco.

Modifica el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa y otras normas tributarias. Incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2017/1852 sobre resolución de litigios fiscales entre Estados miembros y medidas del Proyecto BEPS de la OCDE. Regula cómo se inician, desarrollan y terminan estos procedimientos, incluidas comisiones consultivas.

Modifica la Ley del Impuesto sobre Sociedades y la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para incorporar normas de la Unión Europea que neutralizan las asimetrías híbridas. Estas asimetrías son situaciones en las que un mismo pago o gasto se deduce dos veces o se deduce sin tributar.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.