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Establece medidas extraordinarias y urgentes para tramitar y ejecutar los proyectos financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en las Illes Balears. Regula la planificación, la gestión presupuestaria, las subvenciones, la contratación pública y el personal implicado en esos fondos.

Modifica varias leyes del Principado de Asturias para simplificar trámites administrativos en evaluación ambiental, ordenación del territorio, urbanismo, patrimonio cultural, carreteras y transportes. También regula la gestión presupuestaria de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del React-EU.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

La ley establece medidas para frenar la despoblación y desarrollar el medio rural en Castilla-La Mancha. Define qué zonas son rurales y cómo se clasifican según su población. Crea estrategias regionales y regula el acceso a servicios públicos en esas zonas.

Establece el marco para que España reduzca emisiones de gases de efecto invernadero y avance hacia una economía descarbonizada. Fija objetivos, planificación (Planes Nacionales de Energía y Clima y Estrategia a 2050) y medidas en energía, movilidad, adaptación, transición justa, finanzas, educación e investigación.

La ley simplifica los trámites administrativos de la Comunidad Autónoma de Galicia y crea instrumentos de apoyo a la inversión empresarial para favorecer la reactivación económica tras la pandemia. Regula también la evaluación ambiental, las autorizaciones de instalaciones eléctricas, medidas urbanísticas y la gestión de fondos de recuperación.

La ley regula cómo la Administración de Aragón simplifica sus trámites y procedimientos. Crea órganos de coordinación, regula la declaración responsable y las entidades colaboradoras de certificación, y establece un régimen sancionador. También incluye medidas sobre administración electrónica y sobre instalaciones de energía eléctrica.

Modifica la Ley 1/2005, que regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para adaptarla a la Directiva (UE) 2018/410. Actualiza normas sobre asignación gratuita, seguimiento y notificación de emisiones, verificación de datos, registro y derechos del sector de la aviación.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Crea la declaración de proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha para iniciativas empresariales consideradas estratégicas. Establece una Unidad de Acompañamiento Empresarial y un procedimiento para solicitar y obtener esa declaración. Regula sus efectos: tramitación preferente, reducción de plazos, utilidad pública y acceso a financiación.

La ley regula la recuperación y protección del Mar Menor, en la Región de Murcia. Crea órganos de coordinación y asesoramiento, y fija normas sobre urbanismo, vertidos, agricultura, ganadería, pesca, puertos, turismo y minería en su entorno. Incluye un régimen sancionador.

La ley establece medidas para mejorar las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces no universitarios. Regula auditorías energéticas, planificación de medidas correctoras, financiación, formación en gestión energética y una guía técnica para la rehabilitación bioclimática y el uso de energías renovables.

La ley aprueba medidas administrativas y tributarias de Castilla-La Mancha vinculadas a los presupuestos de 2020. Modifica la Ley 22/2002 del Instituto de la Mujer y la Ley 8/2013 de medidas tributarias, y regula aspectos de personal y organización de la Administración regional.

Regula el uso recreativo de las aguas termales en Galicia. Establece cómo se declaran esas aguas, qué autorización o concesión se necesita para aprovecharlas, las condiciones de las instalaciones y el régimen de inspección y sanciones.

La ley establece el marco para impulsar la economía circular en Castilla-La Mancha: un modelo que aprovecha al máximo productos, materiales y recursos y genera el mínimo de residuos. Define principios, objetivos, líneas de actuación, una estrategia regional, los actores implicados y una comisión de coordinación.