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Acuerdo entre España y el OIEA para celebrar en Madrid, del 17 al 20 de junio de 2025, una reunión técnica sobre datos de reacciones nucleares. España se compromete a facilitar locales, equipo, personal y trámites de entrada a los participantes.

Aprueba un nuevo reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. Regula las autorizaciones para construir, explotar y desmantelar estas instalaciones, el personal que trabaja en ellas y otras actividades con exposición a radiaciones ionizantes. Sustituye al reglamento de 1999.

Establece las bases para conceder subvenciones a entidades locales incluidas en los Planes de Emergencia Nuclear. Regula quién puede recibir las ayudas, qué actuaciones se financian, los criterios de valoración y el procedimiento de solicitud, pago y justificación.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que establece normas básicas de seguridad para proteger a la población y al personal de intervención frente a radiaciones ionizantes en emergencias nucleares o radiológicas. El acuerdo se integra en el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil.

Amplía la designación del Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes del CIEMAT y del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia como depositarios de patrones nacionales de medida. Añade nuevas magnitudes de medida a sus funciones y modifica las normas que los regulan.

Establece las bases para conceder subvenciones a entidades locales incluidas en los Planes de Emergencia Nuclear. Regula quién puede solicitarlas, qué actuaciones se financian, los criterios de valoración y el procedimiento de solicitud, pago y justificación.

Establece cómo detectar, controlar y gestionar las fuentes radiactivas huérfanas, es decir, las que quedan fuera del control reglamentario. Regula la vigilancia en instalaciones que reciclan metales y en lugares de tránsito, y las actuaciones ante su presencia o ante emergencias radiológicas.

Modifica las directrices básicas y los planes estatales de protección civil para mejorar la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. Incluye criterios de accesibilidad en la información y en los servicios de emergencia.