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Establece la metodología y las condiciones para el acceso y la conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad de las instalaciones que consumen energía (demanda). Regula el contenido de las solicitudes y permisos, los criterios de evaluación de capacidad, la denegación y los contratos, y fija obligaciones de publicidad de información.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Regula el concurso público para repartir la capacidad de acceso a la red eléctrica en el nudo de transición justa Lancha 220 kV entre instalaciones de generación de electricidad renovable, y convoca ese concurso. Establece las bases, el procedimiento, las obligaciones de los adjudicatarios y las garantías.

Actualiza el catálogo de medidas estandarizadas de eficiencia energética, sustituyendo el anexo I de la Orden TED/845/2023. Incluye fichas nuevas y fichas ya publicadas con cambios, y permite presentar una sola ficha para actuaciones idénticas repetidas.

Amplía el presupuesto del programa PREE 5000, que subvenciona obras de rehabilitación energética en edificios de municipios de reto demográfico. Añade 2.401.428,74 euros al presupuesto del País Vasco y concede estos fondos directamente a esa comunidad autónoma.

Modifica las bases reguladoras del programa de ayudas a proyectos piloto de comunidades energéticas (Programa CE Implementa). Cambia el artículo 20 para que la solicitud de modificación de la resolución de concesión pueda presentarse antes de que termine el plazo de ejecución del proyecto.

Amplía el presupuesto del programa PREE 5000, que subvenciona obras de rehabilitación energética en edificios existentes de municipios de reto demográfico. Añade 4 millones de euros y reparte esa cantidad entre las comunidades autónomas que lo solicitaron.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

Regula el procedimiento y los requisitos para conceder capacidad de acceso y conexión a la red de transporte eléctrica en cinco nudos de transición justa (Garoña, Guardo, Lada, Mudéjar y Robla). Está dirigida a módulos de generación renovable síncronos y a instalaciones de almacenamiento síncrono.

Amplía el presupuesto del programa de ayudas para eficiencia energética en PYME y gran empresa industrial en 19.130.916,48 euros, que junto con remanentes suma 26.000.000 euros. Ese dinero se reparte entre Aragón, Navarra y Castilla y León para atender solicitudes que superan lo asignado.

Amplía el presupuesto del Programa PREE 5000, que subvenciona la rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico. La ampliación se concede a Castilla-La Mancha, que la había solicitado, y se formaliza la asignación de fondos a esa comunidad autónoma.

Autoriza la tramitación por concesión directa de una subvención plurianual a Stellantis España, SL para proyectos de mejora ambiental, eficiencia energética y desarrollo experimental en su planta de Figueruelas (Zaragoza) en 2023 y 2024. La ayuda busca facilitar la transformación hacia el vehículo eléctrico y conectado y aumentar la protección ambiental.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en impuestos cedidos, como deducciones en el IRPF para familias, y modifica normas sobre empleo público, vivienda, medio rural, aguas, transporte, pesca, servicios sociales, sanidad y comercio.

Establece medidas temporales y urgentes para proteger el paisaje de La Rioja frente a la instalación de grandes proyectos de generación y transporte de energía en suelo no urbanizable. Regula la tramitación de estas instalaciones para evitar su implantación sin planificación previa.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

Modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el Reglamento de la Administración Pública del Agua y el Real Decreto 9/2005 sobre suelos contaminados. Actualiza la gestión del agua continental y del dominio público hidráulico, con medidas de simplificación administrativa y digitalización.