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Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2024, con la totalidad de ingresos y gastos del sector público autonómico. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión del gasto, operaciones financieras y actualización de tributos propios.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.

La ley establece medidas para agilizar trámites en Canarias en costas, energía eléctrica, turismo y actividades clasificadas. Incluye una declaración responsable para obras en construcciones anteriores a la Ley de Costas, reduce plazos de autorización eléctrica y simplifica la renovación turística.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Establece medidas extraordinarias y urgentes para tramitar y ejecutar los proyectos financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en las Illes Balears. Regula la planificación, la gestión presupuestaria, las subvenciones, la contratación pública y el personal implicado en esos fondos.

La ley simplifica los trámites administrativos de la Comunidad Autónoma de Galicia y crea instrumentos de apoyo a la inversión empresarial para favorecer la reactivación económica tras la pandemia. Regula también la evaluación ambiental, las autorizaciones de instalaciones eléctricas, medidas urbanísticas y la gestión de fondos de recuperación.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.