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Modifica dos reales decretos que regulan subvenciones directas con fondos del Plan de Recuperación. Estas subvenciones financian inversiones de digitalización de redes de distribución eléctrica, infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico y proyectos estratégicos en la red de transporte eléctrica.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Define qué es una empresa de gran consumo de energía del sector industrial para poder contabilizar sus ahorros energéticos. Estos ahorros pueden provenir de actuaciones con combustión directa de combustibles fósiles y se computan en el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética y en las medidas alternativas. El concepto se aplica con efectos desde el 1 de enero de 2024.

Aprueba un plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio con medidas energéticas, económicas, tributarias, agrarias, pesqueras, de transporte y sociales. Incluye descuentos para consumidores eléctricos vulnerables, ayudas al bono social térmico y medidas para impulsar la electrificación y las renovables.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Fija para 2026 el objetivo de ahorro energético del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, la obligación de ahorro de cada empresa obligada y la equivalencia financiera para calcular sus aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Parte de la obligación se puede cumplir con Certificados de Ahorro Energético, con una aportación económica mínima al Fondo.

Establece las bases para conceder ayudas directas a proyectos españoles seleccionados por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) en el esquema «Subasta como Servicio», dentro del futuro Banco de Descarbonización Industrial. Las ayudas se financian con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de Next Generation EU.

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Establece la metodología para calcular la retribución que reciben las empresas distribuidoras de energía eléctrica durante el periodo regulatorio 2026-2031. Fija parámetros técnicos y económicos, reglas de inversión, incentivos por reducir pérdidas y mejorar la calidad del suministro, y obligaciones de información y auditoría.

Establece las bases reguladoras del programa MOVES Flotas Plus, que da ayudas para electrificar flotas de vehículos ligeros. Las ayudas se financian con fondos europeos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación. Regula quién puede pedirlas, qué costes se subvencionan, cuánto se concede y cómo se solicita, justifica y cobra.

Modifica el Convenio Económico entre el Estado y Navarra para adaptarlo a cambios recientes de la normativa tributaria estatal. Incorpora al Convenio el Impuesto Complementario y el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, y fija los puntos de conexión para repartir estos tributos entre ambas administraciones.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas a proyectos que impulsan la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado, dentro del Plan de Recuperación. Añade dos nuevas inversiones del Componente 12 de política industrial: subvenciones y préstamos para proyectos estratégicos del vehículo eléctrico.

Crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y regula su estructura y funcionamiento. Establece la obligación de calcular la huella de carbono y elaborar y publicar planes de reducción de emisiones para determinadas empresas.