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Modifica normas catalanas de contratación pública para incorporar criterios de calidad, sociales y medioambientales en la compra de obras, suministros y servicios por las administraciones catalanas. Regula la contratación conjunta, la división en lotes, los pagos menores y la subcontratación.

Regula los grados A, B y C de Formación Profesional en cuatro familias profesionales: Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, Energía y Agua e Industrias Extractivas. Establece los títulos, su duración, acceso, profesorado, espacios y equipamientos, y la correspondencia con los estándares de competencias profesionales.

Modifica deducciones autonómicas del IRPF en Canarias y establece una bonificación temporal del precio de ciertos combustibles desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2025. También fija el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario para recuperar actividades en la isla de La Palma.

Crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y regula su estructura y funcionamiento. Establece la obligación de calcular la huella de carbono y elaborar y publicar planes de reducción de emisiones para determinadas empresas.

Establece los grados A, B y C de Formación Profesional para títulos de cuatro familias profesionales: Imagen Personal, Imagen y Sonido, Instalación y Mantenimiento y Química. Regula el profesorado, la estancia en empresa, la duración, los espacios y equipamientos, el acceso y la titulación de estas enseñanzas.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid sobre ordenación del territorio, suelo y urbanismo, medio ambiente, energía, agua, bienestar animal y calidad alimentaria. Crea los Planes Territoriales y los Planes Estratégicos Municipales y ajusta trámites y competencias en estas materias.

Modifica dos reales decretos para cambiar la composición y las funciones de los órganos colegiados que se ocupan de la lucha contra la desertificación en España. Crea un órgano consultivo y de cooperación dentro de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y otro de apoyo y coordinación con la comunidad científica y la sociedad civil.

Establece cómo se organiza España para elaborar y comunicar los datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes del aire. Regula el inventario nacional, las proyecciones, las políticas y medidas, y los informes que se envían a la Unión Europea y a organismos internacionales.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2025. Incluye cambios en impuestos cedidos, un impuesto sobre estancias turísticas y modificaciones en telecomunicaciones, energía eólica, medio ambiente, vivienda, sanidad y empleo público, entre otras áreas.

Regula la concesión directa de subvenciones a proyectos españoles que participan en el Proyecto Importante de Interés Común Europeo del hidrógeno en la movilidad y el transporte. Se enmarca en el Plan de Recuperación y se financia con fondos europeos Next Generation EU.

La ley regula en Aragón el autoconsumo eléctrico, las comunidades de energía (ciudadanas, renovables y mancomunidades) y las redes de distribución cerradas. También ordena la integración urbanística de proyectos de generación renovable y crea el Fondo Aragonés de Solidaridad Energética.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

La ley regula cómo se valoran y fomentan los beneficios sociales y económicos de los proyectos que usan recursos naturales en Galicia, como las energías renovables y la minería. Integra esa valoración en la evaluación de impacto ambiental y crea instrumentos de participación y financiación.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado transfiere al País Vasco las funciones y servicios sobre ordenación y gestión del litoral. El traspaso se hace efectivo en la fecha que fija el propio acuerdo.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

Crea un gravamen temporal energético que se paga durante el año 2025. Deben pagarlo las personas y entidades consideradas operadores principales en los sectores energéticos según la lista de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. También prevé un incentivo por inversiones estratégicas.

La ley crea tres impuestos: un Impuesto Complementario para que los grupos multinacionales y nacionales de gran tamaño paguen un nivel mínimo global de tributación; un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras; y un impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos del tabaco. También modifica otras normas tributarias.

Regula la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat para el ejercicio presupuestario 2024, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Establece el procedimiento, las obligaciones del beneficiario, la cuantía, el pago y la justificación.