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Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2024, que adopta medidas urgentes complementarias dentro del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios.

Establece medidas urgentes para paliar los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye ayudas para renovar vehículos dañados, financiación para pymes y empresas turísticas, apoyo al comercio internacional y medidas procesales, energéticas, educativas, culturales y deportivas.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas del Plan Integral de Impulso a la Economía Social, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Actualiza la norma que regula estas subvenciones y su encaje en el PERTE de Economía Social y de los Cuidados.

Establece la representación paritaria y la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos constitucionales, el Gobierno, el sector público, colegios profesionales, sindicatos, empresas, fundaciones y otros ámbitos. Modifica varias leyes para aplicar este criterio, incluida la ley electoral y la del Estatuto de los Trabajadores.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Regula las sociedades cooperativas en las Illes Balears: su constitución, las personas socias, los órganos de gobierno, el régimen económico, las clases de cooperativas y el Registro de Cooperativas. También establece el fomento del cooperativismo y las funciones de inspección y sanción de la Administración.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

Regula el apoyo a las empresas emergentes (startups) innovadoras. Establece incentivos fiscales, facilidades para atraer inversión extranjera y talento, trámites para sociedades limitadas, compra pública innovadora y entornos de prueba. También crea el Foro Nacional de Empresas Emergentes y una agencia de supervisión de inteligencia artificial.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Modifica las bases de las ayudas del Programa Kit Digital para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo. Amplía qué entidades pueden recibir el bono digital, añade el concepto de mejora funcional y actualiza las soluciones de digitalización y los conceptos no subvencionables.

Establece medidas laborales complementarias para paliar los efectos del COVID-19. Regula el mantenimiento del empleo en centros sanitarios y sociales, medidas extraordinarias de protección del empleo y el cómputo de contratos temporales. También fija reglas sobre los ERTE y las prestaciones por desempleo.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, sobre medidas sociales de refuerzo y consolidación en defensa del empleo. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Desarrolla la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas. Regula quién puede ser auditor, cómo se inscribe en el Registro Oficial, cómo ejerce su trabajo, su independencia y formación, y cómo se supervisa y sanciona la actividad.

Prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la crisis.