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Modifica varios reglamentos de seguridad industrial para cambiar cómo las empresas habilitadas deben contratar a los profesionales habilitados. Revierte el requisito de tener al menos un profesional habilitado en plantilla a jornada completa, tras un dictamen de la Comisión Europea que lo consideró contrario a la normativa europea de servicios.

Modifica el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Cambia qué técnicos pueden emitir los certificados y regula el registro de técnicos competentes y la evaluación de la calidad de los certificados.

Establece el régimen jurídico para el uso civil de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS o drones) en España y modifica varias normas reglamentarias sobre control de importación, demostraciones aéreas, lucha contra incendios, búsqueda y salvamento, aeronavegabilidad, licencias, matriculación de aeronaves, compatibilidad electromagnética, reglamento del aire y notificación de sucesos.

Aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 «Ascensores», que regula cómo se ponen en servicio, se modifican, se mantienen y se inspeccionan los ascensores. También establece medidas para aumentar la seguridad de los ascensores ya instalados.

Aprueba el Reglamento sobre protección de la salud frente a los riesgos de las radiaciones ionizantes. Fija principios de protección radiológica, límites de dosis, vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos y reglas para emergencias, radón y materiales de construcción.

Establece normas nacionales que completan la normativa europea sobre títulos y licencias del personal de vuelo de aeronaves civiles, como mecánicos de a bordo, y sobre restricciones operativas por ruido en aeropuertos. También modifica varias normas anteriores sobre certificación de aeronaves, controladores de tránsito aéreo, tiempos de vuelo y descanso, información de vuelo y dirección en plataforma.

Sustituye el Reglamento de equipos a presión de 2008 y aprueba siete instrucciones técnicas complementarias (EP-1 a EP-7). Regula la instalación, puesta en servicio, inspecciones periódicas, reparaciones y modificaciones de equipos a presión, como calderas, botellas y recipientes.

Establece el procedimiento básico para certificar la eficiencia energética de los edificios. Regula cómo se califica, certifica, registra y controla esa eficiencia, la etiqueta energética y los incentivos para mejorarla.

Modifica varias normas de seguridad industrial para adaptarlas a las reglas de libre acceso a servicios y ejercicio de actividades. Cambia el Reglamento electrotécnico de baja tensión y su instrucción sobre empresas instaladoras, y fija cómo afecta a empresas ya habilitadas.

Modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) para actualizar sus requisitos. Incluye nuevas obligaciones sobre lectura de contadores de agua caliente sanitaria, información al consumidor y sistemas de automatización y control en edificios no residenciales.

Desarrolla la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas. Regula quién puede ser auditor, cómo se inscribe en el Registro Oficial, cómo ejerce su trabajo, su independencia y formación, y cómo se supervisa y sanciona la actividad.

Regula la seguridad operacional y la interoperabilidad del sistema ferroviario en la Red Ferroviaria de Interés General. Establece las funciones de los agentes del sector, las autorizaciones y certificados de seguridad, el mantenimiento de vehículos y la cualificación del personal ferroviario.

Modifica y deroga normas sobre calidad y seguridad industrial. Elimina la homologación administrativa de ciertos productos y deroga reglas nacionales sustituidas por reglamentos europeos. También ajusta la regulación de la actividad industrial y los servicios en talleres de reparación de vehículos.