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Regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para digitalizar el sector productivo. Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las financia la Unión Europea con fondos Next Generation EU.

Modifica el anexo I del Real Decreto 550/2014, que fija los requisitos para ser reconocida como Entidad Asociativa Prioritaria (EAP) en el sector agroalimentario. Revisa los volúmenes de facturación exigidos para obtener ese reconocimiento.

Establece las bases reguladoras para conceder ayudas públicas de varios programas del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. La Agencia Estatal de Investigación gestiona estas ayudas. Regula quién puede solicitarlas, qué gastos se financian y cómo se conceden, siguen y justifican.

Modifica el régimen sancionador del Decreto ley 11/2020 para adaptarlo a las medidas de control de la COVID-19, como la exigencia del Certificado COVID Digital UE en ciertos establecimientos según el nivel de alerta sanitaria. También regula un régimen excepcional para obras en suelo urbano y modifica normas sobre mecenazgo cultural y carreteras.

Establece las bases para dar ayudas a empresas, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro que formen a personas trabajadoras o desempleadas en cualificaciones profesionales de sectores estratégicos y en capacidades para la transición ecológica. También abre la convocatoria de estas ayudas para el año 2022.

Convoca por segunda vez ayudas directas para autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno de España, y amplía quiénes pueden solicitarlas. También modifica las bases de las ayudas a la contratación para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para financiar actividades de digitalización del sector productivo. Establece quiénes pueden recibirlas, el procedimiento, las obligaciones, los gastos subvencionables y la justificación y control del dinero.

Establece las bases para conceder ayudas a proyectos de prevención de riesgos y seguridad minera. Las ayudas van a empresas (inversión material) y a entidades sin ánimo de lucro (formación). Su fin es reducir la siniestralidad en la minería en España.

Regula la concesión directa de una subvención a la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) para que sus buques admitan alumnos de Marina Mercante en prácticas durante 2020. Las prácticas a bordo son un requisito para obtener el título profesional de marina mercante.