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Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

Establece medidas tributarias para las víctimas de la DANA de octubre y noviembre de 2024 y para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Declara exentas del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades determinadas ayudas y cantidades recibidas. También fija medidas de endeudamiento y gasto para administraciones territoriales.

Establece ayudas para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) en enero de 2026. Regula quiénes pueden recibirlas, sus importes, cómo se gestionan y conceden, y su compatibilidad con otras indemnizaciones. También crea Oficinas de Atención Integral y protege a las personas trabajadoras afectadas.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

Establece medidas urgentes para paliar los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye ayudas para renovar vehículos dañados, financiación para pymes y empresas turísticas, apoyo al comercio internacional y medidas procesales, energéticas, educativas, culturales y deportivas.

Establece una nueva cualificación profesional de la familia Servicios Socioculturales y a la Comunidad y la incorpora al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. También actualiza varias cualificaciones de Hostelería y Turismo y de Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

Establece, actualiza y suprime varias cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en seis familias profesionales: Actividades Físicas y Deportivas, Agraria, Hostelería y Turismo, Imagen Personal, Instalación y Mantenimiento y Seguridad y Medio Ambiente.

Adopta medidas urgentes frente a la sequía y el encarecimiento de costes en el sector agrario: ayudas directas a ganaderos, apicultores y agricultores, apoyo al seguro agrario, flexibilización de la PAC y medidas fiscales y de Seguridad Social. También regula el uso del agua en cuencas afectadas y rebajas de billetes de transporte público terrestre para jóvenes.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Establece nuevas cualificaciones profesionales de las familias Agraria, Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, y Fabricación Mecánica, y las incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Además, suprime una cualificación de la familia Energía y Agua que había fijado el Real Decreto 716/2010.

Establece medidas para abaratar el transporte público, con bonificaciones del 50% en abonos ferroviarios y ayudas a empresas de autobuses y ferrocarril por la subida de carburantes. También crea complementos para becas y ayudas al estudio, y fija planes de ahorro energético en climatización y fomento del autoconsumo eléctrico.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.

La ley introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable, que requiere protección especial en sus relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.