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Establece las condiciones del segundo tramo de avales públicos para financiación de pymes y autónomos afectados por la DANA de octubre y noviembre de 2024. El tramo asciende a hasta 240 millones de euros y el Instituto de Crédito Oficial subvenciona los intereses de esa financiación avalada.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 32/2021, de reforma laboral, y contra el artículo cuarto del Real Decreto-ley 1/2022, sobre entidades de crédito y la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria.

Modifica tres circulares del Banco de España para adaptar la normativa española a las reformas bancarias europeas CRD V y CRR II. Ajusta las reglas de supervisión y solvencia de las entidades de crédito, las opciones regulatorias del reglamento europeo y la transparencia de los servicios bancarios.

Modifica el Código de Buenas Prácticas para la renegociación de deudas con aval público de empresas y autónomos. Las entidades financieras adheridas deben mantener hasta el 30 de septiembre de 2022 los límites y condiciones de las líneas de circulante concedidas a sus clientes.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 1/2022, que modifica normas sobre reestructuración y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y sobre el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Modifica las normas sobre la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) para adaptarla a su nueva clasificación como parte del sector público. Elimina los límites a la participación del Estado en su capital y regula cómo el FROB puede adquirir participaciones y tomar el control de la sociedad.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2021. Fija los créditos iniciales de la Administración General, sus organismos autónomos y entidades públicas, y regula su financiación. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión presupuestaria, deuda pública y tributos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 25/2021, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social. Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Autoriza un crédito extraordinario de 5.012 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social por el impacto del COVID-19 y financiar las prestaciones. También regula la financiación de ampliaciones de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal y establece que ciertas ayudas públicas no tributen en el IRPF ni en el Impuesto sobre Sociedades.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2021, que adapta la ley española a varias directivas de la Unión Europea. Las materias son competencia, blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, tributos, daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores y defensa de los consumidores.

Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.