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El Consejo de Ministros autoriza un aval de hasta 500 millones de euros a CERSA, la sociedad pública que reafianza a las sociedades de garantía recíproca. Este aval se carga a la línea de 10.000 millones de euros creada por el Real Decreto-ley 6/2022 para paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania. También se amplía el plazo para reponer el fondo de provisiones técnicas de CERSA.

Modifica la norma que regula el distintivo «Igualdad en la Empresa», un reconocimiento para empresas que destacan por aplicar políticas de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Ajusta los requisitos de participación y los criterios de evaluación de las convocatorias.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

Establece medidas para impulsar el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en Extremadura. Regula la formación, la colaboración entre empresas y administración, los espacios de prueba y el uso de la IA por la Administración autonómica. También prevé declarar proyectos de interés general y prioritario.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Establece las bases para conceder subvenciones directas del Programa ICEX-Brexit, gestionado por ICEX España Exportación e Inversiones. Estas ayudas se financian con la Reserva de adaptación al Brexit de la Unión Europea y buscan paliar los efectos de la salida del Reino Unido en las empresas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, que establece medidas urgentes de incentivos a la contratación laboral y de mejora de la protección social de las personas artistas. La convalidación mantiene vigente esa norma.

Publica un acuerdo del Consejo de Ministros que fija las condiciones del segundo tramo de una línea de avales públicos de 500 millones de euros. Estos avales respaldan la financiación que las entidades financieras conceden a empresas y autónomos de la industria gas intensiva. El Instituto de Crédito Oficial gestiona los avales.

Establece un nuevo sistema de incentivos a la contratación laboral, con bonificaciones a la Seguridad Social para contratos indefinidos y formativos de determinados colectivos. También regula medidas de protección social para las personas artistas.

Modifica la norma que regula la gestión y control de la incapacidad temporal en sus primeros 365 días. Suprime la entrega a la persona trabajadora de la copia en papel del parte médico destinada a la empresa y su presentación por esta. La comunicación de los partes y de los datos necesarios pasa a hacerse por medios electrónicos entre la administración y la empresa.

Establece el procedimiento y la convocatoria para que empresas, organismos y entidades presenten proyectos de interés singular en Formación Profesional y puedan obtener su reconocimiento y acreditación. Regula los requisitos, la instrucción, la comisión de valoración, la resolución, la financiación y los efectos del reconocimiento.

Establece medidas para la formación programada por las empresas en 2023 dentro del Servicio Público de Empleo Estatal. Permite usar el aula virtual como formación presencial, el uso de medios electrónicos y la formación bimodal o «aula espejo», y regula la comunicación del inicio de la formación.

Regula el apoyo a las empresas emergentes (startups) innovadoras. Establece incentivos fiscales, facilidades para atraer inversión extranjera y talento, trámites para sociedades limitadas, compra pública innovadora y entornos de prueba. También crea el Foro Nacional de Empresas Emergentes y una agencia de supervisión de inteligencia artificial.

Establece las bases para conceder ayudas públicas al sector del videojuego y otras formas de creación digital, y aprueba la convocatoria de ayudas para 2022 y 2023. Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se financian con fondos europeos.