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Amplía hasta el 31 de diciembre de 2024 el plazo para conceder avales públicos a la financiación de empresas y autónomos, dentro de la línea creada por el Real Decreto-ley 6/2022 para responder a la guerra en Ucrania. También amplía los plazos de solicitud y concesión de avales para pesca, acuicultura y agricultura.

La ley establece el marco para afrontar el cambio demográfico en Asturias: envejecimiento, baja natalidad y despoblación rural. Crea una estrategia y planificación demográfica, una comisión gubernamental y un observatorio, y ordena medidas en servicios sociales, sanidad, educación, empleo, fiscalidad y territorio.

Aprueba un suplemento de crédito y un crédito extraordinario para los presupuestos de la Generalitat de Catalunya de 2023, prorrogados para 2024, y otras medidas financieras y administrativas. Incluye un incremento retributivo del personal y cambios en la Ley 2/2021.

Establece las bases para conceder subvenciones destinadas a formación en competencias digitales, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea. Regula quién puede recibir las ayudas, cómo se solicitan, se valoran y se justifican, y cómo se controla el dinero.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2024. Fija los créditos iniciales y su financiación, las normas de modificación de créditos, los gastos de personal, la gestión presupuestaria, las operaciones financieras y las normas tributarias.

Establece las condiciones del tercer tramo de la línea de avales públicos para financiación de empresas y autónomos, dotado con 4.500 millones de euros y gestionado por el ICO. También amplía plazos de solicitud y concesión de avales anteriores y regula su reasignación entre regímenes de ayudas.

Modifica el Reglamento del IRPF y el del Impuesto sobre Sociedades para adaptarlos a cambios legales. Ajusta la reducción por rendimientos del trabajo, la deducción por maternidad, la obligación de declarar, los pagos a cuenta y el régimen de trabajadores desplazados.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Actualiza y modifica parcialmente varias cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en las familias de Comercio y Marketing, Fabricación Mecánica, Hostelería y Turismo e Imagen Personal. También fija la correspondencia entre unidades de competencia suprimidas y sus equivalentes actuales.

Desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional: organiza los grados (A, B, C, D y E), los currículos y módulos, las modalidades de oferta (presencial, semipresencial, virtual y modular), la formación en empresa, el profesorado, la acreditación de competencias por experiencia laboral y la orientación profesional.

Regula la situación asimilada a la de alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras desplazadas al extranjero por empresas que actúan en España. Establece los supuestos, la duración, la vinculación voluntaria, las obligaciones de información y la acción protectora. Deroga la orden de 1982 que regulaba esta materia.

Modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones para completar el desarrollo de la Ley 12/2022, que impulsa los planes de pensiones de empleo. Regula la integración de planes simplificados en fondos de empleo, sus promotores, partícipes, información, movilización de derechos y comisión de control.

Establece la planificación de las actividades preventivas de la Seguridad Social que las mutuas colaboradoras deben desarrollar en 2024. Fija criterios y prioridades, con especial atención a pequeñas empresas y sectores con mayor siniestralidad en 2022.

Regula la concesión directa de subvenciones a empresas de ciertos sectores que tengan personas trabajadoras con contratos indefinidos en centros de trabajo de Ceuta y Melilla. Estas subvenciones se dirigen a las empresas que accedan a la bonificación en la cotización prevista en el artículo 31 del Real Decreto-ley 1/2023.