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Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

Establece medidas extraordinarias y urgentes para tramitar y ejecutar los proyectos financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en las Illes Balears. Regula la planificación, la gestión presupuestaria, las subvenciones, la contratación pública y el personal implicado en esos fondos.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios reales decretos del estado de alarma por la COVID-19. Declara nulos en parte los preceptos que restringían la libertad de circulación y los que permitían al ministro de Sanidad modificar medidas de contención. No admite el recurso sobre la orden ministerial de velatorios.

Regula la formación obligatoria de los conductores profesionales de camiones y autobuses: una cualificación inicial y una formación continua para mantener los conocimientos actualizados. Sustituye el Real Decreto 1032/2007 e incorpora al derecho español la Directiva (UE) 2018/645.

Crea el título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible y fija los aspectos básicos de su currículo. Define el perfil profesional, las enseñanzas del ciclo formativo, el profesorado y los espacios necesarios, y regula el acceso y la vinculación con otros estudios.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto que declaró el estado de alarma por el COVID-19, sus prórrogas y una orden sobre velatorios y ceremonias fúnebres. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.