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Regula la concesión directa de una subvención a la Universidad Politécnica de Madrid para financiar el Observatorio de la Movilidad Metropolitana. Fija el beneficiario, las actividades subvencionadas, la cuantía, el pago, la justificación y el régimen de incumplimientos.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Regula la organización y el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación en las Illes Balears. Crea el Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTIB), con órganos de gobernanza, un plan estratégico y un registro. También crea la fundación Institución para la Investigación de las Illes Balears (IRIB).

Modifica la Ley de turismo de las Illes Balears para introducir la circularidad en el sector: define principios y objetivos, crea una estrategia y un plan de circularidad para los alojamientos turísticos, y regula medidas ambientales y de eficiencia en el uso de recursos. También suspende la adquisición de plazas turísticas en Mallorca, Ibiza y Formentera y ciertas actividades en Menorca.

La ley establece medidas para proteger, fomentar y difundir la calidad de la arquitectura en entornos urbanos y rurales. Crea el Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura y la Casa de la Arquitectura, y prevé una Estrategia Nacional de Arquitectura.

Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materia de tasas y tributos propios, y en normas administrativas sobre violencia de género, discapacidad, economía circular, investigación, seguros agrarios, policía local y urbanismo. Acompaña a los presupuestos de 2022 de la comunidad.

Modifica por segunda vez la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Actualiza artículos sobre participación, subvenciones, contratación pública, empleo, cuidados, violencia machista y atención sanitaria, social, policial y judicial. También cambia otras leyes vascas relacionadas.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2022 en La Rioja. Modifica impuestos cedidos y tasas propias, y cambia normas sobre educación, carreteras, policía local, viñedo, función pública, urbanismo, servicios sociales y movilidad sostenible.

La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2021. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, y modificaciones en normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, agricultura, educación y sector público.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana durante 2020 para políticas urbanas, arquitectura y edificación. Las ayudas financian actividades de entidades con convenios con el Ministerio, como ONU-Habitat, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Instituto Juan de Herrera.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.

Modifica varias leyes de Cantabria para adaptar tasas y precios públicos, tributos cedidos y normas administrativas. Incluye cambios en materia de aguas, pesca, transporte, función pública, patrimonio cultural, farmacia, deporte, igualdad y urbanismo.