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La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

La ley establece medidas para frenar la despoblación y desarrollar el medio rural en Castilla-La Mancha. Define qué zonas son rurales y cómo se clasifican según su población. Crea estrategias regionales y regula el acceso a servicios públicos en esas zonas.

Establece que el 85% de la recaudación de las sanciones por incumplir la normativa del primer estado de alarma por la COVID-19, denunciadas por ayuntamientos de Cataluña, se transfiera a esos ayuntamientos. También modifica varias normas sobre presupuestos, tributos, financiación y servicios sociales.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2021. Incluye bonificaciones en la tasa de juegos de azar por la pandemia y beneficios fiscales en la compra de vivienda habitual para víctimas de violencia de género, además de modificar varias leyes autonómicas.

La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2021. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, y modificaciones en normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, agricultura, educación y sector público.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.

Establece medidas para hacer frente a la COVID-19 en Cataluña: control y publicidad de los pagos por adelantado de suministros, ayudas directas para planes de reactivación socioeconómica en empleo, una línea extraordinaria de formación, ayudas al mantenimiento del empleo en microempresas y autónomos, apoyo a la economía social y medidas de movilidad para la campaña agraria.

Establece las condiciones para los servicios aéreos y marítimos en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad. Regula la formación aeronáutica, los vuelos de instrucción, las actividades de recreo, el transporte marítimo en Canarias y Melilla, el transporte turístico de pasajeros y la navegación de recreo.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Actualiza las medidas de ordenación de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma por el COVID-19 para adaptarlas al proceso de desescalada. Regula restricciones, traslados de embarcaciones de recreo y agua de lastre, y modifica otra orden anterior.

Modifica varias leyes de Cantabria para adaptar tasas y precios públicos, tributos cedidos y normas administrativas. Incluye cambios en materia de aguas, pesca, transporte, función pública, patrimonio cultural, farmacia, deporte, igualdad y urbanismo.