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Establece la representación paritaria y la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos constitucionales, el Gobierno, el sector público, colegios profesionales, sindicatos, empresas, fundaciones y otros ámbitos. Modifica varias leyes para aplicar este criterio, incluida la ley electoral y la del Estatuto de los Trabajadores.

Regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para digitalizar el sector productivo. Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las financia la Unión Europea con fondos Next Generation EU.

Modifica las bases de las subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal para planes de formación sobre diálogo social y negociación colectiva. Permite ampliar los plazos de ejecución de las acciones formativas cuando concurran circunstancias excepcionales e imprevisibles.

Regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para financiar actividades de digitalización del sector productivo. Establece quiénes pueden recibirlas, el procedimiento, las obligaciones, los gastos subvencionables y la justificación y control del dinero.

Establece las bases para conceder ayudas a proyectos de prevención de riesgos y seguridad minera. Las ayudas van a empresas (inversión material) y a entidades sin ánimo de lucro (formación). Su fin es reducir la siniestralidad en la minería en España.