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Prorroga el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario para paliar los efectos del COVID-19, permite que las universidades públicas canarias destinen su remanente de libre disposición a determinados gastos y adapta las medidas tributarias excepcionales de La Palma a la normativa anterior.

Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.

Establece el marco general para tramitar con carácter de emergencia las ayudas destinadas a paliar las necesidades causadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma. Crea un Registro de personas afectadas y regula la gestión, concesión, justificación y control de esas ayudas.

Establece medidas económicas, fiscales y administrativas en Canarias para responder a la crisis del COVID-19. Incluye apoyo a autónomos y al empleo, agilización de contratos y subvenciones, gestión presupuestaria, medidas de personal y ajustes fiscales y educativos.

Crea el ingreso canario de emergencia (ICE), una ayuda económica para personas en situación de vulnerabilidad por la crisis del COVID-19. También flexibiliza la tramitación de la prestación canaria de inserción (PCI), actualiza sus cuantías y establece medidas sobre vivienda protegida y alquileres.

Concede un suplemento de crédito de 900.000 euros para financiar a la Universidad Pública de Navarra. El dinero se obtiene de otras partidas del presupuesto de gastos y de ingresos por sanciones.