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Prorroga el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario para paliar los efectos del COVID-19, permite que las universidades públicas canarias destinen su remanente de libre disposición a determinados gastos y adapta las medidas tributarias excepcionales de La Palma a la normativa anterior.

Establece que el 85% de la recaudación de las sanciones por incumplir la normativa del primer estado de alarma por la COVID-19, denunciadas por ayuntamientos de Cataluña, se transfiera a esos ayuntamientos. También modifica varias normas sobre presupuestos, tributos, financiación y servicios sociales.

Establece medidas urgentes para gestionar los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU en la Administración de la Generalidad de Cataluña y su sector público. Regula especialidades en presupuesto, subvenciones, contratación, convenios y personal para ejecutar esos fondos.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder al impacto económico y social del COVID-19. Regula la contratación pública, los convenios y conciertos educativos, las subvenciones, los servicios sociales, la gestión de residuos sanitarios y los plazos administrativos. También indica cómo se financian estas medidas.