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Regula el sistema universitario andaluz: docencia, investigación, transferencia de conocimiento, comunidad universitaria, coordinación, gobernanza, financiación y calidad de las universidades. Establece derechos y deberes del estudiantado, del personal docente e investigador y normas sobre creación y reconocimiento de universidades.

Crea el Colegio Oficial de Criminología de Andalucía como corporación de derecho público. Regula su ámbito territorial en Andalucía, quiénes pueden colegiarse, su relación con la Administración autonómica y el periodo para constituirse.

Regula la concesión directa de subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal para 2025 en el ámbito del empleo y la formación en el trabajo. Fija el procedimiento, las entidades beneficiarias, las actuaciones financiables, las cuantías y la justificación y reintegro de las ayudas.

Aprueba los nuevos estatutos de la Universidad de Sevilla, que regulan su naturaleza, sus órganos de gobierno, la actividad docente e investigadora, la comunidad universitaria y su régimen económico. Sustituyen a los estatutos anteriores y adaptan la norma a la Ley Orgánica del Sistema Universitario.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de la Junta de Andalucía 8/2022, que modifica la Ley 2/2003 de transportes urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía. La sentencia avala que la norma de urgencia está justificada y que la concesión autonómica de autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) no invade competencias estatales ni la autonomía local.

La ley reconoce oficialmente la universidad privada Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum en Andalucía. Regula su estructura, la autorización para empezar a dar clases, los requisitos de acceso, las garantías, la inspección y control, la posible transmisión de la titularidad y la caducidad del reconocimiento.

Reconoce como universidad privada la Universidad Europea de Andalucía y fija su estructura, los requisitos para iniciar actividades, las garantías, la inspección y control, las reglas de transmisión de titularidad y las causas de caducidad del reconocimiento.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.